El gobierno español dará potestad a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para suprimir las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) de empresas como Uber y Cabify, que estimen convenientes en sus territorios en un plazo de cuatro años. Así se establece en el Real Decreto Ley aprobado este viernes Consell de Ministres a propuesta del Ministerio de Fomento, con el cual pretenden contribuir a eliminar la "guerra abierta" entre este sector y el del taxi.
En virtud de la nueva legislación, una vez que concluya la moratoria de cuatro años que incluye las licencias de VTC que hay en España, actualmente 11.200, la mitad de ellas en Madrid, perderán la capacidad de dar servicios en ámbito urbano, donde se constituye su principal negocio y en la cual compiten con el taxi. Una vez pasado este plazo de cuatro años, la continuidad de la vigencia de las autorizaciones de VTC para dar servicio en las ciudades dependerá de lo que decidan las comunidades autónomas y, especialmente, los ayuntamientos.
Los ayuntamientos tendrán la última palabra
Así, en las ciudades en que los ayuntamientos quieran seguir teniendo servicio de VTC, los titulares de las actuales licencias tendrán que obtener una autorización específica. No obstante, los ayuntamientos pueden determinar el número de licencias que otorgan, lo que, en la práctica, puede llevar a que desaparezcan miles de los que ya existen.
Eso pasará en caso de que decidan aplicar la proporción de concesión de autorizaciones que establece la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT), que fija dar una VTC por cada treinta taxis -cuota que actualmente se sobrepasa- o incluso proporciones más restrictivas.
En el lado más extremo, las regiones o ayuntamientos que no quieran entrar a regular este servicio, las licencias de VTC que haya en estos territorios perderán la habilitación para operar en estas ciudades y territorios. Fomento traspasa así la gestión y regulación de las VTC a las comunidades y ayuntamientos para que, en el marco de sus ámbitos y territorios, decidan en función de sus políticas de movilidad.
Fomento asegura que la medida no tendrá repercusiones legales por parte de los propietarios de licencias de VTC, al considerar que la moratoria de cuatro años de la norma se concibe como una indemnización en tiempo para que los actuales titulares de las actuales titulares de VTC las amorticen. Según fuentes del Ministerio, pasado este tiempo, los propietarios de licencias de empresas como Uber y Cabify no pueden exigir responsabilidad patrimonial a la administración para que se les suprima la capacidad de dar servicio en las ciudades.