La campaña Consum Estratègic, impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha sido muy criticada entre las patronales. La patronal de las grandes empresas, Foment del Treball, ha decidido interponer una denuncia ante la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) contra la ANC por "conducta anticompetitiva". Al mismo tiempo, la patronal pide también medidas cautelares ante el juzgado mercantil, previo a la presentación de la denuncia.
Desde Fomento plantean que "la estrategia de la ANC a partir de un registro público de las empresas comprometidas con la economía de Catalunya es una conducta anticompetitiva prohibida", aseguran, "porque es contraria a la buena fe, falsea la libre competencia en el mercado y afecta al interés público". Además, se considera que "la ilegalidad" de esta conducta se manifiesta por "la gravedad, notoriedad e importancia cualitativa y cuantitativa de las consecuencias reales y potenciales" para la competencia en el mercado.
La patronal explica en la denuncia que considera que la ANC está actuando contra la competencia y que tiene conducta desleal "en el sentido que contempla el artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, y por lo tanto, se trata de una conducta anticompetitiva prohibida, porque concurren en ella las siguientes condiciones: Se trata de una conducta objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe, ya que vulnera los principios que emanan del sistema económico establecido en la Constitución Española, particularmente en las cuales este sistema vincula a la competencia. Al mismo tiempo, se trata de una conducta que falsea la libre competencia en el mercado, no sólo obstaculizando la permanencia de los competidores en el mercado, sino también porque puede comportar un cambio significativo en la demanda, para influir en la decisión de los consumidores en la elección entre diferentes ofertas y provocar que determinadas ofertas no sean tenidas en cuenta, u originando una desviación de la clientela con independencia de que estos efectos se produzcan o no, ya que es suficiente que potencialmente se puedan producir. Y eso aunque en el caso que nos ocupa, los efectos ya se están produciendo cuando la misma ANC reconoce públicamente que, desde la puesta en marcha de la campaña Consum Estratègic, tienen registrados 148.000 cambios de contratos por parte de los consumidores en relación en empresas de determinados sectores de la economía. Por último, "se trata de una conducta que afecta al interés público. No hay duda que los actos de obstaculización y boicot llevados a cabo por la ANC tienen la suficiente entidad para causar una grave perturbación en los mecanismos que regulan el funcionamiento del mercado".
Con estas premisas, Fomento pide al ACCO que admita a trámite la denuncia, imponiendo una sanción de grado máximo, "atendiendo al número de agentes del mercado afectados por esta práctica, y adoptando las medidas necesarias para ordenar y garantizar el cese en la misma". Además, pide que se imponga también una multa en el grado máximo a cada uno de los representantes legales de la entidad denunciada, así como a los directivos integrantes de los órganos directivos que hayan intervenido en la conducta.
Por último, se pide que el ACCO "adopte las medidas cautelares consistentes en el requerimiento a la denunciada para la cual cese de manera inmediata en su conducta anticompetitiva, retirando la web Consum Estratègic y dejando de realizar declaraciones públicas que inciten a los consumidores y proveedores a boicotear determinadas empresas y contratar con las recomendadas por la ANC".
La denuncia completa se adjunta a continuación: