El economista Santiago Niño Becerra ha manifestado que "lo cierto" sobre el futuro de las pensiones es que "los números no salen", y que eso se sabe "desde hace décadas". El economista ha recordado que el mismo ministro de Hacienda, José Luis Escrivá, aseguraba el pasado mes de enero que "ni existirá ni ha existido" la propuesta de un cambio en las pensiones, pero que ahora la sacará adelante vendiéndola como si Bruselas le obligara. Niño Becerra cree que en realidad es porque el Estado no puede cubrir todo el volumen económico.
La Comisión Europea y el Gobierno del PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para aprobar los fondos de recuperación covid que se dirigirán a España. El pacto con la Unión Europea para sacar adelante las Disposiciones Operativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (OA, en las siglas inglesas) va acompañado de letra pequeña: Bruselas quiere cambios en las pensiones.
70.000 millones
El requisito indispensable para inyectar los 70.000 millones de euros europeos es aumentar el periodo de cálculo de las pensiones, es decir, los años laborables que se utilizan para determinar qué pensión percibe cada ciudadano. Actualmente, se toman los últimos 25 años trabajados para hacer un cálculo de qué pensión toca a cada persona, Bruselas pide que estos periodos aumenten hasta 30 años.
Fuentes del ministerio consultadas por Efe, remiten a lo que fija la componente 30, donde se dice que la medida busca "reforzar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje más la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral donde las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales".
La implementación prevista para ampliar el periodo de cálculo es progresiva a partir del 2023 después de su aprobación antes del fin del 2022, según consta a la documentación.
España tendrá que justificar ante Bruselas que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional, y por eso tendrá que enviar a la Comisión Europea una evaluación de impacto que así lo corrobore.
Desde ahora, el Gobierno español y la UE tendrán que mantener reuniones trimestrales para hacer balance de los avances con los fondos de recuperación, en lo que se incluye el cumplimiento de los requisitos para adquirirlos. El acuerdo remarca que el Estado español tendrá que informar a la Comisión Europea de cualquier "riesgo significativo" de poner en peligro el calendario de cumplimientos de objetivos, especialmente, cuando este riesgo pueda afectar al calendario de la solicitud de pago asociada a estos objetivos.
El cumplimiento de las exigencias europeas permitirá al Estado solicitar en los próximos días el primer desembolso semestral de 10.000 millones de euros. Esta copiosa cantidad se sumaría a los 9.036 millones que ya se han adelantado desde la UE como prefinanciación. Este último adelanto es lo único que está liberado del cumplimiento de objetivos.