El Departament de Economia i Hisenda consiguió hacer aflorar 338,5 millones de euros procedentes del fraude fiscal durante 2021. Tal como han explicado este lunes el conseller Jaume Giró, y la secretaría de Hacienda, Marta Espasa, esta cifra supone un aumento del 55% con respecto a 2020 y un nuevo récord histórico en Catalunya. Esta cantidad se obtuvo después de realizar un total de 52.913 actuaciones, un 11% que en 2020, según el último balance del plan de prevención y reducción del fraude fiscal y fomento de las buenas prácticas tributarias de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que incluye un total de 75 actuaciones contra esta práctica.

 

Durante su intervención, el conseller Giró, ha asegurado que el fraude fiscal es una conducta "especialmente reprobable" y que merece un gran menosprecio, ya que penaliza el global de la sociedad, en este caso la catalana, y especialmente a los más vulnerables. En esta línea, el conseller ha vuelto a insistir que hasta el día de hoy todavía no se ha encontrado ninguna fórmula mejor que los impuestos para luchar contra la desigualdad y que, por lo tanto, todo país necesita un sistema fiscal robusto para tener un buen estado del bienestar, que es la palanca para intentar hacer a una sociedad más justa e igualitaria.

Es por eso que Giró ha asegurado su intención personal de convertir Catalunya en un "infierno" para los defraudadores fiscales durante su mandato, recordando que, ni mucho menos, el país es un "infierno fiscal", y todavía menos si se miran los servicios que se ofrecen desde la administración pública. El conseller ha cerrado su intervención asegurando que el comportamiento más corrosivo y poco solidario para la sociedad catalana es el fraude fiscal.

En España los impuestos sirven para el espionaje

Para todos aquellos que critican el Gobierno tildando Cataluña de infierno fiscal, el consejero ha querido recordar que en España" los impuestos sirven para financiar el espionaje", en clara referencia al CatalanGate. En esta línea, ha asegurado que la hacienda estatal solo sirve para agrietar el tejido social del país y "disolver un sistema" que ha acabado siendo una democracia imperfecta. "Un Estado como el español, que destina recursos que obtiene de sus contribuyentes para financiar actividades sepultadas únicamente para promover vigilancias injustificables y a interferir en procesos electorales y políticos legítimos, es un Estado las estructuras del cual están profundamente corruptos", ha criticado.

El 43% del fraude, procedente de sucesiones y donaciones

Del balance del plan presentado hoy, se extrae que de los 338,5 millones aflorados durante 2021, el 43%, unos 146 millones, proceden del incumplimiento con el impuesto de sucesiones y donaciones, seguido de los 100,6 millones descubierto por el impago del impuesto de patrimonio. En tercer lugar, encontramos el impuesto de transmisiones patrimoniales con 86,9 millones. El resto de tributos, representaron un 1% del fraude aflorado.

Con respecto al control de cambios de residencia ficticios, sea al extranjero o a otra comunidad autónoma, el importe descubierto por el ATC desde que entró en marcha este plan en 2019 es de 74,1 millones, 82,72 de los cuales durante 2021. Con respecto al control de bienes en el extranjero, el importe del fraude descubierto fue de 22,1 el año pasado.

Desde el ATC, califican las cifras obtenidas de récord, ya que estamos ante el récord y recuerdan que desde 2015, han hecho aflorar un total de 1.501,7 millones. Con respecto a 2021 en concreto, la actuación media fue de 6.396 euros aflorados por actuación, unas "cifras insólitas" porque representan un aumento del 39% con respecto a 2020. Con respecto a los diferentes ámbitos de actuación, el área de actuación siguió siendo la que más fraude levantó con un total de 220,2 millones de euros el año pasado. La siguen las áreas de gestión tributaria con 107 millones y la de recaudación con 11,2 millones.

De cara al año que viene, Espasa ha asegurado que desde el Govern no se han marcado ningún objetivo porque, de hecho, la situación ideal sería que no hubiera ningún tipo de fraude fiscal. A preguntas de los periodistas, tanto Giró como Espada han asegurado que, de momento, la Generalitat se centrará en perseguir el fraude en los tributos propios de la Generalitat y aquellos que están cedidos por la administración central, aunque han abierto la puerta en qué en el próximo plan, que empieza el año que viene, se puedan incluir impuestos estatales como, por ejemplo, el IVA.

Por último, el conseller ha anunciado que ya se ha puesto en contacto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a fin de que la Generalitat pueda gestionar el nuevo impuesto sobre los residuos aprobado por el Gobierno, recordando que en Catalunya ya hace años que se aplica de hace años y fue una iniciativa pionera en el Estado.