Desde que Nissan anunció el cierre de las plantas catalanas ahora hará un mes, que los máximos representantes del gobierno catalán y español han sido muy duros a la hora de hablar de la multinacional japonesa. Con todo, no quedaba claro qué se podía hacer y qué se estaba haciendo para tratar de hacer cambiar de opinión la empresa, pero en la comisión conjunta de Empresa y Trabajo en el Parlamento se han empezado a poner las cartas sobre la mesa. Según ha explicado la consellera de Empresa Àngels Chacón, el Gobierno y la Generalitat ofrecieron a finales de febrero a Nissan invertir 100 millones de euros de los 400 que costaría llevar un nuevo vehículo a la planta de la Zona Franca de Barcelona para evitar el cierre de las factorías catalanas.
Chacón ha explicado que el apoyo se extendería a toda la red de proveedores del ecosistema y que tiene el objetivo de hacer evidente a la dirección de Japón que en las instalaciones catalanas "tiene una plataforma perfecta por impulsar la producción de nuevos vehículos eléctricos". La consellera ha explicado que la propuesta se ha trabajado de manera conjunta y consensuada con la dirección y las administraciones e instituciones implicadas y que se condiciona a la inversión para la producción de un nuevo modelo en Barcelona que "garantice la continuidad de la planta".
La aportación de la Generalitat se concretaba en un plan de apoyo a la red de proveedores para los años 2021-2025 dividido en 16,2 millones de euros a fondo perdido y 10.670.000 en préstamos, préstamos participativos y cobertura de garantías. Chacón también ha recordado las últimas ayudas anunciadas fueron seis millones de euros -tres de la Generalitat y tres del Gobierno- para la inversión en una nueva planta de pintura, valorada en 70 millones de euros.
Los reclamos
La dirección de Nissan, que estaba citada a comparecer a la comisión, no ha querido presentarse alegando un conflicto de intereses ahora que se empezarán las negociaciones con los trabajadores para cerrar las plantas. La plantación en el Parlamento no ha gustado nada a los trabajadores del comité de empresa de Nissan, que sí que han asistido a la comisión, y tampoco a los parlamentarios, que lo consideran una falta de respeto y de transparencia.
En este sentido, la consellera ha vuelto a exigir a la compañía que presente una memoria justificativa de su decisión, así como "interlocución directa" con la dirección de Japón, y considera que todo es "una deslealtad".