La empresa catalana Glovo ha pagado 20,8 millones de euros a la Seguridad Social por las cotizaciones impagadas para los 'riders' que trabajaban para la compañía como falsos autónomos y que ha detectado Inspección de Trabajo. Glovo asegura que ha avalado la deuda pendiente con las administraciones, aunque la cantidad podría ser devuelta en función de cómo se resuelvan los diversos procedimientos judiciales que actualmente hay abiertos.
El Tribunal Supremo emitió una sentencia el pasado mes de septiembre que decretaba que un trabajador de Glovo era un falso autónomo, aunque el organismo todavía no se ha expresado sobre el procedimiento que recoge los casos de oficio por parte de Inspección de Trabajo.
El gobierno central y agentes sociales acordaron este miércoles que los 'riders' tengan que tener condición de asalariados y no de autónomos, una cuestión que se pretende abordar con la Ley de plataformas digitales.
Cotizaciones impagadas
Glovo ha explicado que la tesorería le ha reclamado el aval de 20,8 millones de euros para asegurarse que no haya riesgo de impago en caso de que el alto tribunal falle en contra de la start-up. Los casi 21 millones de euros abonados corresponden a actuaciones de Inspección de Trabajo de los últimos tres años.
Glovo asegura que "sigue defendiendo y apostando por el modelo en España", que se basa en operar con autónomos, pero, en paralelo, mantiene "un diálogo fluido con las diferentes administraciones para abordar y aclarar cualquier asunto administrativo que sea requerido".
En la sentencia del alto tribunal, los jueces señalaban que la start-up catalana "no era sólo una intermediaria" entre los comercios y los riders, sino que "hace tareas de coordinación y organización" productiva. Así pues, la sentencia establecía que existía una relación laboral entre un 'rider' y la empresa.
Pese al acuerdo del Gobierno y agentes sociales de considerar asalariados a estos trabajadores, varias asociaciones de 'riders' insistieron este miércoles en la voluntad en seguir siendo autónomos. Los 'riders' defendieron querer decidir "cuándo trabajar, dónde y cómo hacerlo", y si lo hacen con una o con varias plataformas. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron que las asociaciones de 'riders' ya están representadas en la mesa del diálogo social que discute la norma a través de organizaciones empresariales y que muchos repartidores sí que quieren ser asalariados.