El Gobierno aprobará el próximo 11 de octubre un real decreto ley con trece medidas de choque, que suponen unos 300 millones de euros, para hacer frente a la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, entre ellas una rebaja de las tasas de pasajeros y de ruta en los vuelos a Canarias y Baleares.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha presentado este jueves dichas medidas que contempla el plan de choque, con las que se espera suavizar el impacto del colapso del turoperador en el empleo, que ha afectado a 3.400 trabajadores de forma directa.

Maroto ha explicado, tras la Comisión Interministerial que se ha reunido hoy para tratar este asunto, que el plan dará respuesta, entre otros asuntos, a las pérdidas de conectividad, de empleo y demanda, y a la falta de liquidez de empresas y autónomos, todo ello acompañado de una estrategia jurídica por parte del Estado para defender a los afectados y consumidores. 

El plan se centra en ambos archipiélagos, al ser las comunidades autónomas más afectadas por la crisis, dado que el turismo supone el 45 % del PIB de Baleares y el 35 % del de Canarias. En consecuencia, de las facturas que no van a poder cobrar por la temporada de verano y por el perjuicio a los 700.000 turistas que ya tenían paquetes contratados con Thomas Cook a Canarias (400.000) y Baleares (300.000) para este invierno, un millar de empresas, de ellas 600 hoteleras, estarían afectadas por falta de liquidez, ha indicado Maroto.

A este plan de choque se suma la decisión por parte del Gobierno de diseñar una estrategia jurídica en defensa de los intereses generales de los afectados con el que se permita exigir responsabilidades. Desde el Ejecutivo, "estamos configurando ahora los elementos de la estrategia", teniendo en cuenta que se trata de una crisis muy compleja, porque Thomas Cook operaba en muchos países y, por lo tanto, "lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con el administrador concursal".

Ahora, el objetivo es obtener toda la información necesaria "para entender cuáles son los elementos en los que luego tendremos que actuar". Esta medida pone de manifiesto la voluntad del Gobierno por defender los intereses generales ante una compañía, donde todo indica que ha habido una falta de responsabilidad, y se está estudiando acciones, a través de la Abogacía del Estado, ha concluido.