Los 3,2 millones de trabajadores del sector público que existen en España —según los últimos datos del INE— ya disponen de unas condiciones básicas para realizar teletrabajo. El Ministerio de Función Pública ha logrado el apoyo de los sindicatos y el conjunto de administraciones para regular esta modalidad de empleo a distancia, que afectará tanto a funcionarios como laborales en todas las administraciones (estatal, autonómica y estatal).

Entre las características principales que conformarán el trabajo desde casa se encuentra la disposición de los medios tecnológicos por parte de las Administraciones, su carácter voluntario y la necesidad de garantizar también la atención presencial a la ciudadanía. 

El Gobierno plasmará la normativa en un real decreto-ley que incluirá un artículo sobre el teletrabajo en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). La ministra de Política Territorial y Función Pública en el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, Carolina Darias, ha destacado que este pacto es una muestra de que "el diálogo sigue siendo posible", dado que ha conseguido por de acuerdo tanto a representantes de los trabajadores como a las Administraciones Públicas.

CCOO, UGT y CSIF han celebrado el acuerdo a favor de los trabajadores, aunque exigen abrir las mesas de negociación para definir las condiciones del teletrabajo en cada una de las administraciones. Mientras que, lo que han aplaudido en mayor medida es la entrega y mantenimiento de "los medios tecnológicos necesarios para la actividad por parte de las Administraciones Públicas”.

"Voluntario y reversible"

El teletrabajo se considera "voluntario y reversible" y garantiza "los mismos deberes y derechos, individuales y colectivos", de los empleados que se acojan al trabajo a distancia respecto a los que prestan sus servicios en sus centros de trabajo.

“Será cada administración competente la que determine cómo se podrá combinar esta prestación de servicios con el trabajo presencial mínimo que se establezca”, según señalan en Función Pública. Los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), según han acordado los sindicatos y Función Pública, deberán trabajar como mínimo un día a la semana de manera presencial.

Otro aspecto destacable es que se priorizará siempre la prestación de servicios presenciales a la ciudadanía por encima del acceso al teletrabajo de los empleados. "Se rechazará la conceptualización del teletrabajo como derecho subjetivo, puesto que sin perjuicio de su voluntariedad, su utilización deberá venir supeditada a que se garantice la prestación de los servicios públicos, asegurando el cumplimiento de las necesidades del servicio", según precisa el Ministerio de Función Pública.

La regulación del teletrabajo en el sector privado

Por otra parte, el gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado este lunes por la noche un preacuerdo con sindicatos y patronales para regular el teletrabajo. Fuentes sindicales han explicado que el pacto deberá ser ratificado por las partes y que el gobierno prevé llevarlo a Consejo de Ministros antes de ir al Congreso. A la espera de saber los detalles del preacuerdo que ahora se ha conseguido para el resto de sectores, el borrador que trabajaba el Ejecutivo establecía trabajo a distancia "un mínimo del 20%" de la jornada o "el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato ".

 

Imagen principal: Pla mitjà d'una dona fent teletreball. Foto: ACN