El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado la nueva Ley del Teletrabajo después de que las direcciones de la patronal CEOE y de los sindicatos UGT y CCOO hayan dado el visto bueno por unanimidad también durante la jornada de hoy al preacuerdo. "Ha sido la negociación más compleja porque es una norma técnicamente muy difícil que va a cambiarlo todo. Renovará todo el modus operandi del desarrollo de nuestros trabajos", ha indicado la ministra de trabajo Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior a las reuniones.

La ministra ha afirmado que "el trabajo a distancia será voluntario y reversible". Asimismo, la futura ley distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos) y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

Gracias a esta norma "aumentará la productividad de los trabajadores y la competitividad de la economía española" —añade la ministra de Trabajo— después de que tres millones de trabajadores en pandemia hayan tenido que trabajar en malas condiciones durante la pandemia. "No podrá haber un despido por la falta de adaptación a las nuevas normas" —ha añadido Díaz— lo cual "está fundamentado en la garantía de todos los derechos de todos los trabajadores". Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

La empresa se encargará de los gastos del teletrabajo

El teletrabajo deberá cubrir como mínimo el 30% de la jornada laboral durante tres meses. En caso de trabajar desde casa un día puntual o media jornada no se considerará teletrabajo, sino que se considera un elemento de flexibilidad para los trabajadores. Este fue uno de los principales motivos de desacuerdo entre el Gobierno y la patronal y sindicatos, por lo que pasó de ser el 20% al 30% tras las presiones de los representantes de los empresarios. La empresa es quién tiene que encargarse de la dotación y mantenimiento de los medios y equipos que necesita el trabajador para ejercer su actividad a distancia. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y compensar estos gastos.

Por otro lado, los trabajadores que presenten sus servicios a distancia tendrán los mismos derechos y no podrán sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional. Este preacuerdo coincide en el tiempo con la firma, hoy mismo, del acuerdo al que han llegado también los sindicatos de funcionarios (CCOO, UGT y CSIF) para regular el teletrabajo en el sector público. Sin embargo, éste no se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana, sino en el de la próxima semana.

 

Imagen principal: El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE/Juan Carlos Hidalgo/Archivo