El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que ahora pasará a las Cortes, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir con uno de los puntos clave del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Sánchez. "Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha asegurado que el texto "respeta plenamente las competencias autonómicas". Será la primera ley que regulará este derecho constitucional, e incorporará medidas para reforzar los parques públicos de vivienda y favorecer el acceso a ella a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles. La ministra Sánchez ha calificado de "imprescindible" el contenido de la futura norma, que viene a solucionar problemas ante los que "el mercado se ha mostrado ineficaz". "Esta ley no va en contra de los propietarios, sino de la especulación", ha recalcado Sánchez.
Mención especial ha dedicado la ministra al informe desfavorable emitido la pasada semana por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto particular de cinco vocales del sector progresista. En este sentido, ha manifestado su "respeto absoluto" por el criterio del órgano de los jueces, si bien ha recordado que el documento es "preceptivo, no vinculante". "El Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda para conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para promocionar casas dignas y asequibles a los más vulnerables y débiles, no invade competencias autonómicas", ha recalcado Sánchez. En cualquier caso, ha añadido, "analizamos con detenimiento el informe del CGPJ y se han incorporado algunas de las observaciones y comentarios que mejoran la ley desde el punto de vista de la técnica normativa", esto es, "que aclaran el entendimiento entre competencias del Estado y de las comunidades autónomas".
Impedirá la descalificación de pisos protegidos
La nueva ley de vivienda establecerá la calificación indefinida de la vivienda protegida y garantizará siempre, al menos, un periodo de treinta años para su descalificación. El proyecto, además fijará unas condiciones básicas a nivel estatal que definirán un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva, mientras que en el resto de supuestos, se fijará un plazo de descalificación de treinta años.
En el texto se informa de que las comunidades podrán establecer sus propios periodos para la descalificación, que nunca podrán ser inferiores a treinta años ni podrán aplicarse a viviendas edificadas sobre reserva de suelo protegido. Actualmente, cada comunidad autónoma establece sus propios periodos de descalificación. El proyecto incorpora una disposición transitoria en la que se confirma que la ley se aplicará a "todas las viviendas calificadas con algún régimen de protección pública con independencia de la fecha de su calificación definitiva". Esta medida no tendrá carácter retroactivo, al no suponer un beneficio propio para el sujeto, según han confirmado a Efe fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.