El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan de rescate con un impacto de 4.220 millones de euros para el sector de la hostelería, restauración, comercio y turismo, unos de los más afectados por la pandemia de la Covid.
El Gobierno dará soporte a los negocios de este sector "rebajando la factura fiscal, moratoria de pagos o disminuyendo el coste de personal con exoneraciones a la Seguridad Social", entre otras medidas adicionales.
El Gobierno quiere acompañar este sector para que "puedan mantenerse en condiciones adecuadas y una vez se supere la restricción de movilidad vuelvan al inicio de su actividad", ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta Primera del Gobierno, Carmen Calvo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el ministro de Transporte, José Luis Ábalos durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. / EFE
Medidas para los alquileres
Montero ha precisado que el plan de rescate se trata de un "ambicioso plan" que tendrá un impacto de más 4.200 millones de euros y facilitará liquidez a las empresas, "reduciendo de forma clara los costes fijos" de estas.
El decreto-ley establece una quita de 50% para los arrendatarios de locales que no lleguen a ningún acuerdo con el arrendador, si este es un gran tenedor (10 o más locales). Alternativamente, también podrían optar a un aplazamiento del pago hasta cuatro meses después de la finalización del estado de alarma. El pago aplazado de estas rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria.
De esta forma, el número potencial de locales beneficiarios serían de 190.000, de los que 33.000 corresponderían a establecimientos relacionados con el turismo y 157.000 a locales comerciales.
Para el resto de arrendadores de locales, se establece un incentivo fiscal para que las personas físicas que alquilan a estos sectores acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
Este incentivo tiene un coste estimado de 324 millones de euros y permite deducir hasta el 100% de la cuantía del alquiler mensual en el caso que el arrendador rebaje toda la renta. Se estima que 323.701 arrendadores se pueden acoger a esta medida.
Medidas tributarias
El Gobierno ha aprobado una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante 6 meses, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que se ingresarían las deudas en octubre.
De esta forma, se evitan las posibles tensiones de tesorería que puedan experimentar las pymes y autónomos. El importe potencialmente aplazado ascendería a unos 2.668 millones de euros y se beneficiarían unos 617.000 contribuyentes, de los cuales unos 92.000 son del sector Horeca y 68.000 de comercio al por menor.
Otra medida que recoge este real decreto es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 2020. Sin embargo, para los sectores como el caso de la hostelería, el comercio y el turismo esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.
La ministra de Hacienda ha precisado que esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. De hecho, las reducciones del 20% con carácter general y del 35% para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021.
El importe estimado de esta medida ascendería a 117 millones de euros, de los que se beneficiarían 132.000 contribuyentes del sector.
Medidas especiales para la hostelería
La norma presentada hoy refuerza la protección de actividades como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas y establecimientos de bebidas, que pasarán a formar parte de las actividades CNAE protegidas en la última prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
De esta forma, las exenciones de cuotas a la Seguridad Social previstas a las empresas de estos sectores que han prorrogado sus ERTE tanto con su actividad suspendida como reiniciada podrán alcanzar hasta el 85%.
Asimismo, la norma extiende las bonificaciones a los trabajadores fijos discontinuos, aplicables además de a las empresas encuadradas en el sector del turismo, también al comercio y la hostelería, siempre que estén vinculadas al sector turístico. El decreto mantiene las bonificaciones del 50% por extensión del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos desde el mes de abril hasta el mes de octubre de 2021 complementariamente al periodo ya previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 de los meses de febrero, marzo y noviembre. Estas bonificaciones serán compatibles con las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social que, eventualmente, pudieran ser aplicables.
Por último, el plan flexibiliza requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales. Así, estima que esta medida beneficiará a unos 615 proyectos de inversión empresarial que están en vigor o en fase de mantenimiento del empleo y las inversiones, con una subvención total asociada de más de 740 millones de euros, de los que en torno a un 40% se corresponden con ayudas al sector turístico. Además, se amplía la moratoria para presentar concurso de acreedores.
Nuevos tramo de avales del ICO
El Gobierno también ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas. El nuevo tramo de la línea de avales está dotado con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas.
Esta medida permite obtener financiación a empresas afectadas por la pandemia de la Covid, como son las agencias de viajes, el transporte discrecional y el sector alojativo, al incrementarse la garantía pública de los avales en 10 puntos respecto a la línea ICO Covid-19.