La brecha salarial supera el 22% en el conjunto de España. Esto implica que una mujer de media cobra un 22% menos que un hombre por realizar tareas similares. Para tratar de revertir esta situación, el Consejo de Ministros ha aprobado dos principales medidas.

La primera de ellas hace referencia a un plan de igualdad salarial entre hombres y mujeres basado en la transparencia, porque “para recuperarnos de esta crisis es necesario que las mujeres cobren lo mismo que los hombres por el mismo trabajo”, como ha indicado la ministra de Igualdad Irene Montero. En segundo lugar, se aprueban un seguido de planes para poder desarrollar las medidas en los diferentes centros de trabajo —que deberán ponerlas en funcionamiento en un plazo de seis meses—.

Por ello, todas las empresas estarán obligadas a tener un “registro retributivo” que, según el decreto, “deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a la clasificación profesional aplicable en la empresa". Además, deberá establecer la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. 

El plan no recibe el apoyo de la patronal

Además, se hace obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores la elaboración de un plan de Igualdad que también deberá incluir una Auditoría retributiva con perspectiva de género. Para ello, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades elaborará una Guía Técnica con indicaciones para su realización. Esto deberá ser objeto de una auditoría externa que valore la integración y el grado de aplicación en la empresa del principio de igualdad de retribución.

La ministra Montero ha expresado la preocupación que tiene el Gobierno por “la afectación que tiene la crisis en la mitad de la población, que podría convertirse en un retroceso de sus derechos, como en la independencia económica de éstas”. Este plan de igualdad salarial consiguió el apoyo con UGT y CCOO, pero no de la patronal, que indicó que era una imposición y que tenía dudas sobre la legalidad o constitucionalidad de algunos puntos del plan.

“Perder el talento de la mitad de la población es algo que no se puede permitir nuestro país ni las empresas. Sería un profundo error”, ha expresado la ministra de Trabajo, Yolada Díaz, añadiendo que la igualdad se refleja en rentabilidad económica en las empresas. “Los países mas iguales a España en la nueva normativa son los que tienen un PIB más elevado”, ha añadido.

Multas de 600 a 6.000 euros en caso de incumplimiento

Según el borrador del decreto aprobado, se persigue tanto la discriminación directa (donde a desigualdad de trato es flagrante) como la indirecta, "por la incorrecta valoración de los puestos de trabajo".

La falta de un plan de igualdad en las empresas obligadas a disponer de uno o la falta de un registro salarial en cualquier compañía está regulada en materia de sanciones por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Esta concibe cualquiera de estas dos infracciones como "graves" y para estas impone multas de entre 626 y 6.250 euros. Dicho monto no está ligado directamente al tamaño de la empresa ni al número de trabajadores, es decir, pagará lo mismo una compañía infractora que facture 1 euro que otra que facture 1 millón de euros. 

 

Imagen principal: La ministra de Igualdad, Irene Montero, se dirige a comparecer ante la Comisión de Igualdad del Congreso, en Madrid. Foto: Efe