El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciará este martes durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados la elevación del objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas en el 2019, que pasará del 0,1% al 0,3%, según han informado fuentes del Ministeri d'Hisenda. Es una de las peticiones que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, trasladó a su homóloga del gobierno español, Carmen Calvo, a la reunión de la semana pasada.

El aumento del déficit para las CCAA se enmarca dentro de la elevación también del umbral de déficit que el ejecutivo español ha fijado para el conjunto de las administraciones para el 2019, que pasó del 1,3% al 1,8% para el próximo año. La reducción del umbral supone aproximadamente que el gobierno de la Generalitat podrá disponer de 400 millones de euros más de lo que estaba previsto.

El ejecutivo español suaviza de esta manera la carrera de las autonomías hacia el déficit cero. El próximo año tenían que pasar del 0,4% actual al 0,1%, una cifra que para la Generalitat suponía 688 millones de euros menos, según los cálculos de la conselleria de Economía. Con la elevación del objetivo esta reducción rondaría los 200 millones de euros, calculando que cada décima implica aproximadamente una rebaja de 200 millones de déficit en las cuentas del Govern.

Para el conjunto de los territorios la elevación del objetivo de déficit implica que podrán disponer de 2.500 millones de euros más de los previstos. El nuevo objetivo de déficit se tiene que aprobar en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El objetivo para el 2018 se mantiene en el 0,4% y los de los 2020 y 2021 continuará situado al 0%.

El ejecutivo español también tendrá que aprobar en breve el techo de gasto del 2019, la baza para la redacción de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, donde necesitará los mismos apoyos que permitieron sacar adelante la moción de censura a Mariano Rajoy, es decir, los votos del Grupo Socialista, Podemos, Compromiso, ERC, PDECat y PNV.

El presidente español también tiene previsto anunciar nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal y –en la línea de su compromiso- una reforma que impedirá que se vuelvan a producir amnistías fiscales como la que promovió al ministro Cristóbal Montoro en el 2012.

En cambio, tal como adelantó la portavoz del gobierno español Isabel Celaá, no abrirá la puerta a la publicación de los nombres de los que se acogieron a aquella amnistía, aduciendo que el ejecutivo español no encuentra encaje legal para hacerlo.