El Gobierno estudia imponer un nuevo impuesto a las grandes fortunas que tendría que entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2023. La noticia la ha dado entre los pasillos del Congreso de los Diputados y de forma totalmente espontánea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "El gobierno está trabajando" en línea con la propuesta de Unidas Podemos. Y ha añadido: "Tenemos que gestionar esta crisis de una manera diferente al Partido Popular y es necesario pedir un mayor esfuerzo a los que tienen mayores beneficios, rentas o patrimonio, para proteger la clase media, trabajadora y vulnerable del país".
Los socialistas responden, de rebote, a la política fiscal de los populares en las comunidades autónomas donde gobiernan, como Madrid, Andalucía o Murcia, donde en las últimas horas han salido públicamente, para anunciar la rebaja de impuestos o la supresión directa de otros, como el de patrimonio por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno.
¿Impuesto temporal?
De momento, a pesar de la inmediatez de este nuevo impuesto que afectaría al conjunto de la ciudadanía española que cumpla unos requisitos económicos, todo se está cocinando. Montero ha insistido en el mensaje: "Se tiene que dejar que los técnicos trabajen y os lo haremos saber. Será un aspecto temporal y ojalá Putin se retire de Ucrania y seamos capaces de recuperar la normalidad. Igual que con las energéticas o la banca, también en este aspecto habrá cambios".
La ministra no descarta que este nuevo impuesto de carácter temporal pueda tener una vigencia más larga de lo que se marque en un inicio, pueda seguir pero con una fórmula matizada o, directamente, se acabe suprimiendo cuando se acabe el periodo acordado. Por otra parte, estará vinculado a las obligaciones fiscales de los contribuyentes a partir del próximo 1 de enero, pero no necesariamente a los presupuestos generales.
Proteger a la clase media
El Gobierno de Pedro Sánchez considera "de una enorme irresponsabilidad aquellas comunidades que piden permanentemente dinero y ahora, en cambio, quieren suprimir sus propios tributos". En el caso de Andalucía, Montero ha recordado que el impuesto de patrimonio afecta "a un 0,2% de su ciudadanía, en detrimento al 90% de las personas que se benefician". En total, se renuncia a 120 millones de euros, en la comunidad que sufre un mayor gasto sanitario o educativo. "Es duro que ahora que lo pasamos realmente mal, se protejan las mayores rentas. La clase media del país, los que proporcionalmente más aportan, menos se benefician. Veremos cómo se tiene que hacer la tramitación y los detalles, pero en esta crisis pedimos un esfuerzo a los que más tienen y protegemos la clase media que siempre financia con los impuestos que todos podamos tirar adelante".
Este impuesto, todavía futurible, sería diferente del actual impuesto de patrimonio, que graba los patrimonios por encima de 700.000 euros -excluidos 300.000 euros de vivienda habitual-, cedido a las comunidades autónomas y que Madrid (y próximamente Andalucía y Murcia) bonifica totalmente.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha insistido en que el Gobierno sólo está estudiando como una "opción" más la posibilidad de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas y rescatar así la propuesta de Podemos que ya descartó el PSOE inicialmente. "Tenemos la obligación de estudiar escenarios y diferentes vías para que los que tienen más recursos aporten más", ha destacado en una entrevista en Antena 3.
Por otra parte, ha recordado que "los que más recursos tienen aporten más al Estado es lo que dice la Constitución" y también otros países de la Unión Europea ya están aplicando este impuesto "con otras denominaciones". Bolaños también ha lanzado un mensaje al PP de Alberto Núñez Feijóo y asegura que "Madrid y Andalucía están en la cola en inversión a la sanidad y la educación gracias a que sus gobiernos benefician, por encima de todo los ricos".