El Gobierno ha dado luz verde al real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 1.717 millones de euros, y el bono joven de ayuda al alquiler, consignado con otros 400 millones, así como al anteproyecto de ley de arquitectura, que ha enviado al Congreso. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que el bono joven de alquiler -250 euros mensuales por dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a tres veces el Iprem (24.318 euros)- también incluye ayudas de 300 euros, ampliables a 450, para alquilar una habitación.
Sánchez ha explicado que en breve convocará una conferencia sectorial para acordar los criterios de reparto de las ayudas con las comunidades autónomas, con lo que estas se aprobarán definitivamente dentro de un mes y medio o dos meses, aunque todas se podrán solicitar con efectos retroactivos del 1 de enero. Ha recordado que la intención del Gobierno era también este martes enviar al Congreso el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, pero que no ha sido posible por la falta del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
A este respecto Sánchez ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad y plena confianza en que esta ley llegará pronto al parlamento para su aprobación definitiva" y en que "contará con todas las garantías y seguridad jurídica que requiera". Tras subrayar que el informe del CGPJ es preceptivo porque modifica tres artículos de la ley de enjuiciamiento civil, pero no vinculante, ha defendido que el anteproyecto "cumple con las competencias atribuidas al Estado y las comunidades autónomas", precisamente el aspecto que cuestiona la mayoría del CGPJ.
En esa línea, la ministra ha apuntado que desde que conocieron, el pasado viernes, que el CGPJ había tumbado la propuesta de informe que avalaba la ley, los socios de gobierno coincidieron en que lo más prudente era esperar a la aprobación de un nuevo informe, "pero con el convencimiento compartido de que es una ley sólida y bien armada desde el punto de vista jurídico y de que debe continuar con su tramitación porque es una ley absolutamente necesaria". Aunque ha asegurado que, una vez que tengan el informe del CGPJ lo analizarán, ha hecho hincapié en que el Ejecutivo está "convencido de su validez" y de que contiene las "máximas garantías jurídicas".
Seguro por impago
Sánchez ha afirmado que el nuevo plan estatal de vivienda presta especial atención a las personas más vulnerables, los sin hogar, los afectados por desahucios y a la infravivienda, con más programas para promover la vivienda de alquiler. Ha advertido de que las comunidades van a estar obligadas a garantizar que los programas que se establecen como prioritarios están cubiertos con las ayudas que reciben de este plan estatal. "Establecemos programas que se tienen que acreditar que están cubiertas las necesidades de la ciudadanía, con el fin de proteger a todos", ha subrayado.
También ha destacado que el plan incluye un seguro por impago de alquiler en forma de subvención de la cuota de la prima del seguro con un límite del 5% de la renta anual para que el propietario tenga la garantía del cobro de las rentas correspondiente a una anualidad y para aliviar a inquilinos que puedan verse en situación de asfixia sobrevenida.
Solo 70.000 beneficiarios del bono joven
En cuanto al bono joven de alquiler, la ministra ha vuelto a calcular que solo tendrá unos 70.000 beneficiarios y ha asegurado que puede complementarse con otras ayudas establecidas en el plan estatal, donde las comunidades también pueden establecer una ayuda adicional de hasta el 40% de la renta, descontado el bono. Para recibir el bono joven de alquiler la cuantía de la renta debe ser de un máximo de 600 euros, ampliables a 900 si así lo decide la comisión de seguimiento.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha hecho hincapié en que para el Gobierno los jóvenes son una "prioridad" y ha enumerado otras ayudas, como las dirigidas a apoyarles en la compra de una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, las subvenciones para la vivienda en cooperativa y cohousing, los incentivos de alquiler en zonas tensionadas de la futura ley de vivienda y la reserva para ellos del 30 % del plan de alquiler asequible. Un plan que ya cuenta con más de 10.000 viviendas habitadas y 60.000.000 en marcha, según sus datos.