El Gobierno ha aprobado este martes el nuevo techo de gasto y las previsiones macroeconómicas para el próximo año y medio, dos hechos que marcan el inicio de la elaboración y posterior tramitación de los presupuestos para el 2023. En esta línea, el Consejo de Ministros ha aprobado un límite de gasto no financiero para 2023 de 198.211 millones de euros, un 1,1% superior al de estos 2022, que ya fue un máximo histórico (196.142 millones) gracias al efecto de los fondos europeos. Además, con respecto al cuadro macroeconómico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha rebajado en ocho décimas su previsión de crecimiento del producto interior bruto hasta el 2,7% para 2023, por culpa del impacto de la guerra en Ucrania y el crecimiento de los precios. A pesar de rebajar las previsiones para 2023, el Gobierno ha decidido mantener intacto la previsión de crecimiento para este año al 4,3%. Además, el Gobierno ha mantenido la previsión de déficit público del 3,9% del PIB, una referencia cuyo incumplimiento no implicaría sanciones por parte de la Unión Europea, ya que las reglas fiscales europeas se encuentran suspendidas desde el estallido de la pandemia.
La presentación del nuevo techo de gasto, no solo implica la cifra hasta la cual el conjunto del Estado podrá gastar con los nuevos presupuestos, sino que también da el pistoletazo de salida para la elaboración de los mismos, que serán los últimos de esta legislatura, y que buscarán consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, que se ha iniciado después de la pandemia. Ahora bien, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ya ha avisado que se tendrá que tener en cuenta el complejo panorama económico actual, marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios. "El nuevo techo de gasto consigue una cifra récord, aunque eso no impedirá que seguimos reduciendo nuestro desequilibrio y manteniendo el esfuerzo inversor", ha asegurado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2023, que por tercer año consecutivo se sitúa en máximos.
El Gobierno, obligado a rebajar el crecimiento
La encargada de presentar el nuevo cuadro macroeconómico que enemista el Gobierno ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno, Nadia Calviño, que ha defendido que "todo sigue apuntando a un fuerte crecimiento de la economía española" para el próximo año y medio, defendiendo que las nuevas previsiones están alineadas con las estimaciones realizadas por el conjunto de organismos nacionales e internacionales. Hay que recordar que la Comisión Europea estima un crecimiento del 4% del PIB este año y del 2,1% el próximo, mientras que el Banco de España lo sitúa en el 4,1% en 2022 y en el 2,8% en 2023.
Esta ralentización del crecimiento económico, ha defendido Calviño, es debido al alza de los precios de la energía, junto con el impacto negativo sobre las principales economías europeas, principalmente la alemana, están ralentizando la recuperación de la economía española después de la pandemia, que se había acelerado en el segundo semestre de 2021. "El principal reto de la economía española en este momento es la inflación", ha reconocido la vicepresidenta primera, quien ha asegurado que las medidas impulsadas por el Gobierno están limitando el aumento del Índice de Precios al Consumo en más de 3,5 puntos porcentuales.
El déficit y la deuda se mantienen iguales
Al lado de la aprobación del techo de gasto y del nuevo cuadro macroeconómico, el Gobierno también ha actualizado los objetivos de déficit y deuda. Con respecto al déficit público, Hacienda ha mantenido su previsión, al augurar un desajuste del 5% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia del 3,9% del PIB de cara al 2023, la misma incluida en el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado en abril a Bruselas. La senda a medio plazo del ejecutivo establece la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB en 2025.
Con respecto a la deuda pública, tenemos que tener en cuenta que igual que los últimos tres años, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que lo limitan sigan suspendidas de cara al 2023. Esta suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y también con el artículo 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es por eso que Montero ha anticipado que, igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.