El Consell Executiu ha autorizado la firma de un acuerdo entre la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC) y el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) que permitirá dedicar 30 millones de euros a la adquisición de pisos provenientes de ejecuciones hipotecarias para destinarlos a alquiler social. Según este acuerdo, que se firmará próximamente, el Incasòl financiará la Agencia para que pueda comprar las viviendas.
El Decreto ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, establece que la Generalitat de Catalunya puede ejercer el derecho de tanteo y retracto a favor de estas viviendas. Así, el acuerdo permitirá al AHC que, una vez agotadas sus disponibilidades presupuestarias, pueda seguir haciendo efectivo su derecho de tanteo para adquirir más viviendas que pasarán a formar parte de su parque propio y se destinarán a la promoción de alquiler asequible. Las viviendas se destinarán a las urgencias que atienden las Mesas de Emergencias.
La Agencia devolverá los 30 millones al Incasòl, sin intereses, con el importe de los alquileres que recaude de las viviendas compradas y alquiladas, en un máximo de 40 años. Esta legislación se aprobó para "paliar las consecuencias de la crisis económica iniciada en el 2007", entre las cuales el Gobierno ha destacado los procesos de ejecución hipotecaria iniciados por entidades financieras y la Sareb.
Así, ha resaltado que este derecho a favor de las administraciones está permitiendo movilizar pisos para destinarlos a familias en situación de especial vulnerabilidad y evitar su venta a fondos de inversión internacionales "que podrían llevar a una nueva dinámica especulativa".