La comisión creada por la Generalitat para abordar la liquidación del contrato de gestión de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) concluye que la sociedad concesionaria, liderada por Acciona, tiene que devolver 38,42 millones de euros al Govern, al cual exonera de pagar ningún tipo de indemnización a la compañía. Las conclusiones de esta comisión, de las cuales ha informado hoy a la Generalitat, distan mucho de las que ha presentado recientemente el consorcio encabezado por Acciona, que ha cifrado en 1.036 millones la compensación total debida por la Generalitat, después de que esta hiciera efectiva la anulación del contrato de la concesión de ATLL, tal como sentenció el Tribunal Supremo.

En concreto, Acciona reclama unos 300 millones por la liquidación del contrato y más de 700 millones en concepto de daños y perjuicios. La Generalitat ya ha notificado su propuesta de liquidación a la sociedad concesionaria, que dispone ahora de un plazo de diez días para presentar alegaciones al informe. El gobierno catalán creó el mes de julio pasado esta comisión, integrada por representantes de los departamentos de Territorio, de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, del Gabinete Jurídico de la Generalitat y de la Agencia Catalana del Agua, con el objetivo que determinara la posible indemnización a Acciona por la liquidación del contrato de gestión de la empresa pública ATLL.

Cuatro meses después, la comisión, que se ha reunido en nueve ocasiones, ha aprobado los informes jurídico y económico que fundamentan la propuesta de liquidación del contrato, una vez analizadas las prestaciones realizadas por las dos partes. Según este análisis, el resultado contable de la liquidación es negativo en 38,42 millones, cosa que comporta que la sociedad concesionaria tendrá que devolver esta cuantía a la Generalitat.

En el cálculo de la liquidación, la comisión ha tenido en cuenta que las sentencias han declarado la nulidad del procedimiento de contratación, cosa que significa que el contrato de adjudicación queda sin efectos desde el momento inicial. La comisión cree, por lo tanto, que la liquidación del contrato tiene que contemplar la restitución recíproca de los bienes y servicios recibidos en virtud del contrato y, en caso que no sea posible, el equivalente a su valor.

Excluido de indemnización

También determina que "queda excluido el concepto indemnizatorio, ya que una indemnización de daños y perjuicios sólo podría ser aplicable si una de las partes hubiera sido declarada culpable, cosa que en este caso no se ha producido".

La comisión ha analizado, pues, las prestaciones realizadas por la Generalitat y el concesionario. Por parte de la adjudicataria, el informe contempla una prestación principal, como es la explotación de una concesión administrativa para el servicio de abastecimiento de agua en alta, y una prestación accesoria, consistente en la ejecución de obras de construcción y mejora en las instalaciones de la red Ter-Llobregat.

En este sentido, estima que la contraprestación percibida ha sido la tarifa de servicio aprobada y la retribución para la producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas. Por parte de la Generalitat, la prestación ha consistido en la cesión de uso y puesta a disposición de la sociedad concesionaria de las instalaciones de ATLL y el resto de activos vinculados para los 50 años de la concesión, con un canon como contraprestación.

En el cálculo de las restituciones recíprocas, la comisión ha considerado que "no se pueden tener en cuenta otros conceptos que han supuesto un coste para la sociedad concesionaria, ya que pertenecen a relaciones con otros sujetos públicos y privados fuera de la relación contractual", como pueden ser los gastos de licitación del contrato o los pagos de impuestos.

Así, la comisión indica que Acciona y sus socios, a 31 de diciembre del 2018, habrá obtenido unos ingresos estimados de 912,6 millones de euros gracias al suministro de agua y la venta de energía eléctrica. Los cálculos de la comisión con respecto a la liquidación incluyen los costes de explotación y un margen industrial sobre los costes de operación de un 10%, más el coste de las obras ejecutadas, el canon inicial y los cánones anualmente satisfechos, más el interés legal sobre el canon inicial pendiente de recuperación.

En total, la comisión cifra en 874,17 millones de euros los gastos que corresponden a la Generalitat. El resultado negativo de 38,42 millones es la diferencia entre los ingresos estimados del concesionario y los gastos reconocidos por la comisión.