Hacen falta "medidas eficaces y efectivas". Ante el aumento generalizado de precios, la Generalitat y Pimec han planteado diferentes estrategias para reducir el efecto del encarecimiento de la energía a las empresas catalanas. Destaca la petición de limitar de nuevo el precio máximo de la luz a 180 euros el megavatio hora (MWh), un tope que fue derogado por una resolución de la CNMC el 6 de julio del 2021. Es por eso que ambas instituciones han exigido la derogación inmediata del Real decreto del pasado 2021 que fija el precio máximo del megavatio en 3.000 euros y el mínimo en -500 euros. Así lo han pedido tanto el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en una reunión este lunes con representantes de pymes de diferentes sectores en la sede de ACCIÓ para analizar las afectaciones del encarecimiento de la energía en las empresas catalanas.
Entre las propuestas que el Govern y la patronal han puesto sobre la mesa está la rebaja transitoria de impuestos de la luz, agua y gas, así como ayudas directas a los sectores más afectados mediante préstamos ICO o de los fondos de solvencia. También la de cambiar el sistema marginalista de fijación de precios de la energía en el mercado mayorista por el cual el precio de toda la energía viene marcado por la más cara (el llamado pool), la limitación del precio del gas o su desacoplamiento del mercado eléctrico y aprovechar el mecanismo RED para las empresas electrointensivas, las más afectadas por la subida del precio de la electricidad. Sea como sea, "hay que actuar inmediatamente", ha reconocido Torrent. "Pedimos un Procicat socioeconómico, la situación es dramática", ha añadido Cañete.
Las empresas catalanas, en riesgo
En este sentido, una encuesta de Pimec del pasado mes de febrero a 350 pymes catalanas puso de manifiesto que el encarecimiento tanto del gas como de la electricidad puede llegar a comprometer la viabilidad del 16,4% de las pequeñas y medianas empresas y amenazar, por lo tanto, unos 320.000 empleos. Aunque la encuesta se hizo durante el mes de febrero, antes de la invasión rusa de Ucrania que ha disparado el precio de la energía, el sondeo pone de manifiesto que el coste de la energía puede tener efectos devastadores sobre las pymes (incluso en un contexto más benévolo, sin guerra). Cañete ha insistido en el cambio del sistema del mercado energético español, lo cual salvaría muchas empresas y evitaría romper las cadenas de suministro de Catalunya.
Torrent ha criticado que el mercado eléctrico español tiene "el peor de los dos sistemas preponderantes a Europa, del más regulado y del más liberalizado". Por eso también ha pedido actuar sobre él y trabajar con más intensidad en la transición energética. "Tenemos que actuar y actuar inmediatamente. No podemos esperar en abril, a mediados del próximo mes. Hacen falta decisiones ya, porque lo que está en juego es muy importante", ha defendido, argumentando que cerrar empresas supone destruir riqueza y afecta a las cadenas de valor. Unas cadenas que difícilmente se recuperan. Igualmente, ha advertido de la necesidad de actuación del gobierno central porque es quien tiene "los recursos y la capacidad" de implantar medidas a largo plazo, como el cambio estructural del sistema del mercado energético.
Trabajo conjunto
El Govern actuará conjuntamente con Pimec en el asesoramiento y acompañamiento directo de las empresas más afectadas mediante la Agència Catalana de Consum para dar respuestas estandarizadas y atender las dudas que tengan con sus contratos eléctricos. Por su parte, Cañete ha propuesto la creación de un "Procicat socioeconómico" para tomar decisiones con los agentes representantes de trabajadores, empresarios y el ejecutivo. Al mismo tiempo, se ha quejado de que se producen "abusos" en la cadena de suministros por parte de los proveedores, motivo por el cual ha asegurado que hay que ofrecer información a las pymes para evitar incumplimientos de contratos. Finalmente, ha pedido que se agilicen los trámites para la instalación de mecanismos de autoconsumo de energía.
Torrent ha sido preguntado por el paro indefinido de transportistas que ha empezado este lunes, respondiendo que "no parece que tenga que haber una afectación muy intensa". Pero ha advertido de la posibilidad que colectivos de extrema derecha puedan utilizar esta situación "para capitalizarla políticamente". Entonces, ha pedido una reacción rápida y contundente de la Comisión Europea para generar confianza en las instituciones. Hay que recordar que los camioneros han convocado una huelga principalmente por el aumento exponencial de los precios de la gasolina.