En enero del 2016 el Govern aprobó una ley para el cambio climático que incluía un impuesto sobre los vehículos más contaminantes, pero con toda probabilidad este tributo no se podrá empezar a recaudar hasta el 2020. Así lo ha explicado en una entrevista en la ACN el secretario general del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, Albert Castellanos.
El Tribunal Constitucional levantó la suspensión del impuesto el abril pasado. Para poder recaudarlo, la Generalitat necesita un censo de vehículos que tenía la Dirección General de Tráfico, pero el órgano no facilitó los datos hasta septiembre. Tras estos obstáculos, Castellanos explica que el reglamento del tributo se podrá desarrollar finalmente a lo largo del 2019.
Aunque la voluntad del Departament de Territori i Sostenibilitat era aplicar el impuesto a principios del 2019, Castellanos ha afirmado: "Llegaríamos muy justos para poder ponerlo en vigor a finales del 2019 o a principios del 2020". El secretario general ha añadido que "probablemente el devengo sería a partir del 2020", es decir, que el impuesto no se cobraría de manera retroactiva.
El vehículo medio
El propietario de un coche medio que emita entre 120 y 130 gramos de CO2 por kilómetro tendrá que pagar unos 5 euros anuales, tal como calculó el conseller -ahora preso- de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, cuando presentó el tributo. Los menos contaminantes no pagarán nada. Así, quedarán exentos las motocicletas que emiten menos de 75 gramos de CO2 por kilómetro, los turismos que están por debajo de los 95 gramos y las furgonetas con emisiones inferiores a los 140 gramos. El tributo es progresivo, en función de las emisiones de cada vehículo, y puede superar los 80 euros para los que superen los 200 gramos de CO2. A modo de ejemplo, un Porsche Cayenne, que emite 215 gramos por kilómetro, tendría que pagar 95 euros al año, según cálculos del RACC.
El impuesto afecta a motocicletas, turismos y furgonetas, pero no vehículos pesados. Ello ha sido criticado por el RACC, ya que los grandes son los que más contaminan. Para las furgonetas, el importe es menor que para motos y coches. El Govern calcula que recaudará más de 70 millones de euros anuales con el nuevo tributo, que se destinarán a partes iguales al fondo climático y al fondo de patrimonio natural, ambos de nueva creación.
Pendiente de sentencia firme
Aunque el Tribunal Constitucional levantó la suspensión del tributo, el recurso que interpuso el gobierno español sigue su curso judicial y todavía está pendiente la sentencia que tiene que determinar si el impuesto es constitucional o no. Concretamente, el gobierno de Mariano Rajoy presentó recurso contra la ley del cambio climático, dentro de la cual están los artículos que regulan el impuesto sobre los gases con efecto invernadero a turismos, vehículos comerciales ligeros y motocicletas. El ejecutivo español consideró que el tributo vulnera los límites establecidos por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) con el argumento que hay una coincidencia con el impuesto de matriculación.