Luz verde del Parlament en el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social en los que lleven más de medio año ocupando una vivienda sin contrato y estén en situación de vulnerabilidad antes de iniciar una demanda judicial.

El pleno de la cámara ha validado este martes el decreto ley del ejecutivo catalán con los votos favorables de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, la abstención del PSC-Units y el rechazo de Cs y el PPC. Se trata de una ley que sale adelante después de que el Gobierno ya aprobó un decreto similar a marzo del 2019 que después no fue presentado al Parlament al no contar con los apoyos necesarios para ser validado.

La norma incluye el alquiler social obligatorio, con una duración de hasta siete años, para personas que acrediten una situación de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, estén afectadas por procesos de desahucios o lleven más de seis meses ocupando una vivienda al momento de la entrada en vigor del decreto.

El conseller de Territorio, Damià Calvet, ha reivindicado que la norma busca "actuar ante las dinámicas inflacionistas del mercado de alquiler" y supondrá "un cambio profundo en el modelo de vivienda protegida". Ha lamentado, asimismo, que el decreto de hace unos meses no saliera adelante, según ha dicho, "por consecuencia de los legítimos intereses electorales" de los partidos de la oposición.

Sergio Sanz (Cs) ha dicho tener la sospecha de que el Gobierno "busca el rédito político" con esta nueva normativa, y lo ha avisado de que "el problema de la vivienda no es de marco legal" ni competencial sino que tiene que ver "con la gestión" del Departamento de Calvet. La socialista Rosa Maria Ibarra ha llamado a actuar "bien" a partir de ahora para que las medidas del decreto - "que llega tarde" - no tengan un "recorrido corto" y "resultados contrarios" en los pretendidos.

Susanna Segovia, de los comunes, ha reprochado a la Generalitat que en el pasado impulsara un decreto "sin hablarlo con las organizaciones sociales", hecho que ha dicho que hizo que no saliera entonces adelante. Por parte de la CUP, Maria Sirvent ha alabado las medidas del decreto a pesar de ser "paliativas" y no "estructurales" y "gracias a la presión de los movimientos populares, y ha llamado a trabajar a partir de ahora también en "medidas que sean de fondo y definitivas".

El popular Santi Rodríguez ha dicho que su subgrupo no es partidario del control de precios de los alquileres y se ha mostrado a favor de la "colaboración publicoprivada" pero no "de obligar" el privado a asumir lo que tendría que hacer, según él, el sector público.

Como novedad, el decreto incluye entre los grandes tenedores de vivienda a los particulares que tengan más de 15 viviendas en propiedad, lo que permitirá a la Generalitat expropiar, como el resto de grandes tenedores, los pisos que estén más de dos años vacíos por el 50% de su valor; sin embargo, estas personas físicas no tendrán que ofrecer alquiler social en el caso de pisos ocupados.

Por otra parte, el suelo de equipamientos admitirá construir alojamiento temporal para atender familias en situación de emergencia y también se implementan herramientas para considerar como desocupados los edificios en obras inacabadas y se podrán movilizar para generar más viviendas asequibles. Las administraciones tendrán más oportunidades para comprar viviendas vía tanteo y retracto para destinarlas a alquiler asequible y, además, la Generalitat podrá aplicarlo en segundas y terceras transmisiones de viviendas anteriormente comprados a grandes tenedores.

La iniciativa de la Generalitat, además de contar con el necesario aval del Parlament, ha sido aplaudida por la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín. En declaraciones a los periodistas, Martín ha dicho que se trata de "un paso importantísimo" y ha destacado que la norma se aprueba después de "seis meses de intensas negociaciones" entre el Gobierno, los grupos, el Ayuntamiento y los movimientos sociales.

Asimismo, el grupo promotor de la Ley 24/2015 -conformado por el Observatorio DESC, la PAH Barcelona y Alianza contra la Pobreza Energética-, ha celebrado esta nueva normativa y ha reclamado a los jueces que "apliquen íntegramente" la ley sin excusas que valgan.