No era el tema principal de la jornada, pero ya se ha avanzado en una línea que es un reclamo desde hace tiempo. Hacienda quiere tener en cuenta los errores humanos que se pueden derivar cuando se hace la declaración de la renta y confirma que ya han avanzado en el proyecto denominado derecho al error en el IRPF. La encargada de explicarlo ha sido la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, que ha subrayado el trabajo que está haciendo este organismo para introducir un modelo de evaluación de la conducta de los contribuyentes cuando incurren en errores menores e involuntarios a la hora de hacer la declaración y no produzcan perjuicio para la administración. Este propuesta nació el pasado mes de mayo en el Consejo para la Defensa del Contribuyente para eliminar algunas sanciones que se imponen, sobre todo a los autónomos, por cometer errores al presentar impuestos, como el IRPF, pero también con el IVA o el Impuesto de Sociedades. El modelo podría seguir el de otros países de la Unión Europea como Francia que exime de multas a los contribuyentes cuando cometen algún tipo de error por primera vez y sin mala fe al declarar sus tributos. Ahora, habrá que conocer la letra pequeña, sobre todo en qué errores podrían dejar de implicar una sanción y en qué casos, sí se abre la posibilidad de excepcionar o reducir los intereses de demora en determinados casos e incluso de rectificar errores después de que les haya detectado a Hacienda.

Errores involuntarios

Según explica el texto de la propuesta de que trasladó el Consejo para la Defensa del Contribuyente en la Agencia Tributaria, habría que estudiar la posibilidad sobre la base del modelo francés de mejorar las posibilidades de rectificación de errores por parte de los sujetos pasivos sin sufrir la imposición de sanciones. Eso se podría hacer de diferentes maneras, incluyendo a la normativa algunas opciones como: una exención en los intereses de demora por declaraciones mal presentadas o presentadas fuera de plazo; admitir rectificaciones de errores no expresos después de requerimiento de la administración; se tendrían que definir también cuántos errores se admiten, por impuesto y en cuánto tiempo; también se propone tomar en consideración el historial del contribuyente a la hora de valorar la responsabilidad; e intensificar las actuaciones preventivas que permiten y facilitan la regularización voluntaria. Aparte de los esfuerzos por mejorar la concienciación tributaria, la Agencia Tributaria pondrá en marcha una "calculadora" donde los contribuyentes podrán conocer cuánto aportan con todos sus impuestos y de qué manera estos recursos contribuyen a la financiación de los servicios públicos. Otra de las novedades es la creación de una aplicación para la búsqueda de inmuebles en subasta, desde la cual podréis acceder a toda la información y acceder a las licitaciones.

Mejora en la cita previa

En paralelo, Soledad Fernández también ha anunciado que próximamente firmará un protocolo con la Plataforma de Mayores y Pensionistas para que las personas mayores tengan acceso a una cita previa preferente presencial en oficinas e incluso, cuando la organización del servicio lo permita, a ser atendidos sin cita previa. También se reforzará el servicio telefónico para este colectivo, en línea con el refuerzo general de la atención telefónica que arrancará este mes con una prueba piloto a Madrid y Valencia. Más allá de este acuerdo, la Agencia trabaja en un nuevo sistema integrado de asistencia, y los ciudadanos accederán a una versión mejorada de la aplicación de cita previa, desde donde podrán decidir por qué canal quieren ser atendidos: aplicación, sede electrónica, presencial, telefónica, chat, videoasistencia o por escrito a través de Informa Plus. Fernández ha insistido en que la Agencia vuelca sus esfuerzos en actuaciones preventivas que mejoren el cumplimiento voluntario, aspecto que, si tiene éxito, supondrá una recaudación menor por control del fraude, por lo cual ha abogado para replantear la medición de resultados, intentando cuantificar el efecto inducido y evitar exigir cada vez más ingresos extraordinarios. Entre estas actuaciones preventivas está el control de contribuyentes cuando se incorporan al censo, poner toda la información disponible al servicio de los contribuyentes (cómo pasa con los borradores) o el envío de avisos para advertir de posibles incumplimientos.