El Ministerio de Hacienda ha confirmado que analiza un tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades del entorno al 18% para las empresas que están gravadas con el 30%, que son las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado en declaraciones en el Congreso que se podría plantear un tipo mínimo que fuera "progresivo" dependiendo del gravamen que tengan las grandes empresas. Todo esto, una vez que Podemos ha propuesto que se eleve al 20 % el tipo mínimo para la banca y las empresas de hidrocarburos.

Montero ha dicho que el paquete de fiscalidad que se está negociando con Podemos para conseguir su apoyo en los Presupuestos de 2019 podría cerrarse "en plazo breve". No obstante ha recalcado que Hacienda no tocará el IRPF para rentas por debajo de los 140.000 euros anuales al tiempo que también ha señalado que el ministerio trabajada con dos sendas de consolidación fiscal (la del Gobierno del PP menos flexible y la propuesta por el Ejecutivo socialista acordada con Bruselas) para elaborar el borrador presupuestario que debe enviar a la UE antes del 15 de Octubre.

"Trabajamos en ambas posibilidades, en planes distintos dependiendo de si la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad está en avanzado recorrido en su tramitación parlamentaria, o en otra senda si no estuviera avanzada", ha dicho tras aseverar que en ningún caso baraja la hipótesis de "no sacar los Presupuestos adelante" por un adelanto electoral.

Objetivo: senda de déficit del 1,3%

Montero ha insistido en que el problema de tener una senda de déficit del 1,3% en 2019 y no del 1,8% del PIB como propone el Ejecutivo es que las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social dejarían de recibir 2.500 millones de euros, respectivamente, ya que el techo de gasto que afecta únicamente al Estado no se vería afectado puesto que la merma es sólo de 1.000 millones.

Estos 1.000 millones de euros ha dicho que son "fáciles de absorber" con una nueva fiscalidad retocada. "Donde tengo preocupación es en estas cuentas -las de la Seguridad Social y CCAA- porque es obligatorio y necesario y una exigencia democrática que la recuperación económica se traslade en con una mayor revalorización de las pensiones, con una mayor calidad de material técnico en los hospitales o con un incremento de las becas", ha reiterado tras lamentar que el PP y CS "bloqueen la senda de déficit" que significa "bloquear la calidad de vida de los ciudadanos".

"Cuando el gasto público repercute en las personas, lo llaman despilfarro", ha reprochado al PP y a Ciudadanos. En este sentido, Montero ha pedido al PP que explique a las autonomías en las que gobiernan por qué no quieren apoyar una senda de déficit permitida por Bruselas.

Negociaciones con los partidos

En cuanto a las negociaciones con el resto de partidos políticos (PNV, PDeCAT o ERC) la ministra ha reconocido que hay algún contacto aunque ha dicho que el Gobierno trabaja con Podemos el esqueleto básico para luego negociar el grueso de las cuentas con las otras formaciones.

Precisamente, ante la petición del PDeCAT de que se flexibilice la regla de gasto como condición para poder apoyar las cuentas, la ministra ha reiterado que se trabaja en nuevos criterios para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit que tienen en proyectos financieramente sostenibles y que mejoran la vida de los ciudadanos. Ha insistido en que no se trata de una modificación de la regla de gasto porque es un parámetro de política fiscal que depende de Bruselas y que España seguirá con su compromiso de cumplirlo.

En torno a un posible acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo, Montero ha considerado que en la recomendación segunda sobre la revalorización de las pensiones es necesario que exista un amplio consenso para impedir la posibilidad de que cambios de Gobierno en diferentes etapas de la democracia hagan "virar el rumbo y la fortaleza que pueda tomar el Pacto de Toledo".

Así, ha confirmado que el Gobierno ligará las pensiones al IPC en 2018 y en 2019 y ha dicho que seguirán en esta línea aunque tengan que trabajar con una senda de déficit menos flexible. "El Pacto de Toledo trabaja con precaución y también el Diálogo Social, donde están los empresarios y los sindicatos... hay diferentes entornos donde se habla y se trata de poner mejoras económicas pero también medidas a medio plazo que permitan que el sistema de pensiones sea sostenible", ha puntualizado.