Un informe policial fechado en julio del 2014 confirma las coacciones de la policía española a los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas de la intervenida Banca Privada de Andorra (BPA), para conseguir información bancaria de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras en el marco de la llamada Operación Catalunya.
El informe policial, avanzado este viernes por el Diari d'Andorra, habría visto la luz en el marco de la guerra de información que se mantiene en el seno de la policía española por el enfrentamiento entre los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas –que habría permitido la filtración de las conversaciones entre Jorge Fernández y Daniel de Alfonso–. En él se constata el interés de la policía por conseguir los datos bancarios de los Pujol en Andorra, tal como han denunciado recientemente los hermanos Cierco, y se critica su "actitud reticente" a la hora de aportado esos datos.
De hecho, el informe especifica que "dadas las graves dificultades que el proceso de identificación de cuentas de los Pujol está propiciando, será aconsejable continuar con los contactos de los responsables del BPA –en alusión a los hermanos Cierco y Joan Pau Miquel, consejero delegado– con el objetivo de mejorar la hasta ahora remisa actitud a la colaboración para aportar concreción del volumen que son titulares".
La compra de Banco Madrid, moneda de cambio
En el trasfondo de la operación se encuentra la compra de Banco Madrid por parte de la BPA, y el temor por parte de los responsables de la entidad andorrana de perder la licencia para operar con esta marca española, una situación que favoreció la intervención policial española en el marco de la llamada Operación Catalunya, destinada a ensuciar el nombre de políticos nacionalistas catalanes para desestabilizar el proceso independentista. De hecho, el mismo informe vincularía los Pujol con la misma compra de Banco Madrid, que habría sido posible gracias a "una muy importante inyección de capital de la propia familia Pujol".
El pasado 18 de agosto, los Cierco denunciaron presiones y amenazas por parte de la policía española ante la batlle –jueza instructora del caso BPA–, Canòlic Mingorance, en calidad de inculpados en esta causa, después de que el gobierno andorrano presentara una querella criminal contra varios exdirectivos de la entidad por blanqueo de capitales.
Según la declaración de los Cierco, el entonces presidente de BPA –Higini Cierco– recibió en mayo del 2014 –previamente a la expropiación del Banco que tuvo lugar el 10 de marzo de 2015– una llamada del agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, informándole que era conveniente que se viera con unas personas en Madrid y colaborara con ellas en lo que le pidieran, o de otro modo el banco "moriría". Esta persona sería el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía y uno de los nombres que aparecen relacionados con la Operación Catalunya destapada por el comisario José Manuel Villarejo.
Ahora, el informe demostraría cómo la policía española efectivamente coaccionó a los Cierco con la amenaza de la pérdida de licencia de Banco Madrid.