Cinco años después la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), el secretario de Estado d'Interior del gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha admitido en una carta a los propietarios de la entidad que se trató de una decisión política y califica la actuación de "injustificada, desproporcionada e injusta". Exime, sin embargo, de cualquier responsabilidad al gobierno del PP, y descarga toda la culpa a las autoridades de Andorra.
La carta, en la cual ha tenido acceso El Mundo, está fechada el 3 de noviembre pasado y es la respuesta a una misiva enviada por la familia Cierco, en la cual le pedían ayuda para saber que había pasado con su banco a Andorra y Banco de Madrid.
Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz / Efe
Caso archivado
La BPA, que fue intervenida en marzo del 2015, estaba en el punto de mira del Ministerio del Interior por las cuentas que la familia Pujol tenía en Andorra y que escondió al fisco. La entidad fue denunciada por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales español, a propuesta de las autoridades norteamericanas, de blanqueo de capitales de clientes rusos, chinos y sudamericanos. Años después la Justicia archivó el caso al considerar que no se había incumplido la normativa.
Francisco Martínez admite a su carta, una vez ha analizado la documentación sobre la intervención del BPA, que "a veces, no pocas, los poderes públicos causan gravísimos perjuicios con actuaciones que, a la postre, se demuestran injustificadas, desproporcionadas o sencillamente injustas, cómo parece ser su caso".
Colas a la entidad en el 2015 al saberse la intervención / Efe
Actuación concertada y coordinada
El exnúmero dos de Jorge Fernández Díaz, imputado en la operación Kitchen, admite que la rapidez con que se llevó a cabo la intervención no puede ser fruto de la casualidad sino de una actuación concertada y coordinada". "No puedo negarle que tanto la severidad de una medida como la intervención de una entidad financiera como la inusitada rapidez con la cual se tramitaron los expedientes hace ver que existía una evidente y firme decisión de tomar tales medidas", afirma.
Francisco Martínez apunta que la colaboración de las autoridades de España, Andorra y los Estados Unidos "había servido para intentar provocar la colaboración de BPA en la investigación de la fortuna oculta de determinadas personalidades investigadas", en referencia a la familia Pujol.
Desproporción
"Las resoluciones judiciales posteriores han demostrado el desproporcionado e incluso infundado de aquella actuación, en la cual las entidades financieras intervenidas acabaron siendo sacrificadas en nombre de una exagerada demostración de compromiso con los estándares de los Estados Unidos, sin posibilidad de hacer alegaciones o defender el que, años después, han acreditado los tribunales, cuando ya era demasiada tarde", manifiesta ahora Martínez.
En cuanto a las causas que hubo detrás de la intervención, el excargo del gobierno del PP apunta a la presión de las autoridades de los EE.UU. de prevención de blanqueo y de financiación del terrorismo a las autoridades andorranas. "La manera de demostrar la disposición de tales autoridades de su país fue la entrega -si me permite la expresión- de una de las entidades financieras del país, la BPA". Todo, añade, para disipar cualquier duda sobre la voluntad política de Andorra de cumplir las expectativas de los Estados Unidos, "aunque fuera a costa de un enorme mal personal y patrimonial".
Francisco Martínez, número dos de Fernández Díaz en Interior / EFE
La responsabilidad, del Gobierno andorrano
Para Martínez, toda la responsabilidad de la intervención es de las autoridades andorranas y niega que el gobierno del PP estuviera detrás de la operación. Así muestra su sorpresa por el hecho de que se haya ampliado la querella presentada por los Cierco en Andorra contra Mariano Rajoy y Jorge Fernández Díaz.
El exnúmero dos de Interior apunta directamente a Antoni Martí, expresidente de Andorra, Jordi Cinca, exministro de Finanzas de Andorra, Guilbert Saboya, exministro de Asuntos Exteriores, Carles Fiñana, responsable de la Unidad de Inteligencia, o Alfons Alberca, fiscal general de Andorra. Así afirma que no entiende por qué se busca responsabilidad entre las autoridades españolas, cuándo las decisiones políticas se tomaron en Andorra y precipitaron. Eso sí, la respuesta coordinada de las autoridades homólogas españolas".
Imagen principal: Oficinas centrales del PBA en Andorra / BPA