El juzgado de instrucción número 8 de Barcelona ha comunicado la apertura del juicio oral por malversación de fondos públicos a la antigua cúpula de la Agencia Catalana del Agua (ACA). El juicio llega después de años de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la entidad pública.
Concretamente, la investigación apunta a que, en 2008, el actual responsable del área de adaptación de la Oficina Catalana del Cambio Climático de la Generalitat, Gabriel Borràs, habría adjudicado 38 contratos de forma ilegal al que había sido gerente de la ACA y máximo responsable de las inversiones públicas, Joan Lluís Quer. Tanto Borràs como Quer están imputados en esta causa.
Contratos millonarios
El caso remite a 2008, cuando la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Auding, United Research y Atenginy, consiguió ser la adjudicataria de varios contratos licitados por la ACA, obteniendo unos ingresos de unos 7,6 millones de euros. Como representante de la UTE en ese momento figuraba Joan Lluís Quer, que había ocupado la gerencia del ACA desde el año 2000 hasta el 2004.
La Sindicatura de Cuentas detectó anomalías en las contrataciones de la ACA y las llevó a la fiscalía, que inició su investigación. El primer caso que levantó sospechas se remonta a 2007, cuando la ACA licitó el contrato para la Redacción del programa de medidas y del plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña.
Este contrato se adjudicó a la UTE de Quer por 3,75 millones de euros (la licitación inicial presupuestaba para este contrato un máximo de 4 millones). A partir de este concurso, se abriría la posibilidad de realización de otros trabajos que no estaban incluidos en el pliego inicial. Supuestamente así justificaban que solo un año más tarde la ACA adjudicara a la misma UTE un total de 38 contratos complementarios con unos importes que ascenderían a un total de 3,93 millones de euros, que se sumaban al contrato inicial.
Según la fiscalía, la adjudicación de este contrato habría sido pactada previamente con la UTE ganadora de la licitación en unos encuentros avalados por el en aquel momento director de Planificación de la ACA, Gabriel Borràs. Indica el fiscal que en estas reuniones se habría dado información relevante sobre los futuros términos de la adjudicación. Borràs fue, además, el técnico de ACA encargado de dar el visto bueno a estos 38 contratos presuntamente ilegales “complementarios”, adjudicados sin concurso.
Según la acusación, la ACA y la UTE beneficiada habrían pactado el precio final y “enmascararon un beneficio económico ilícito” dividiendo, en la práctica, el contrato en dos partes: la principal y la complementaria. Así, los cargos que la fiscalía imputa a los querellados en este caso son: malversación de fondos, prevaricación, fraude, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.