Los presupuestos generales del Estado ya han entrado en el congreso y están en manos de los grupos parlamentarios. A raíz de este hecho, todos los agentes económicos del país han posicionado al respecto, y como es común en Catalunya, desde la Cambra de Comerç han exigido al Estado que se transfieran a la Generalitat el valor de las inversiones no ejecutadas entre en el 2013 y en el 2020, que son un total de 3.070 millones de euros, que invierta en Catalunya el porcentaje equivalente a su peso dentro del PIB español, es decir el 19%, y que, después de prever este volumen de inversiones, sean ejecutadas.

Además, desde la institución, también recuerdan que estos nuevos presupuestos "serán fundamentales para apuntalar la recuperación económica" después de la crisis de la Covid y, concretamente, la inversión pública será esencial para transformar al modelo productivo del país y dirigirlo hacia la digitalización, la sostenibilidad y el crecimiento de la productividad.

La inversión tiene que llegar al 19%

Esta inversión pública prevista en Catalunya para el 2022 en los PGE el año 2022 es de 2.230,7 millones de euros en Catalunya, que equivale a poco más del 17%, por mucho que desde el Gobierno se quiera maquillar con unas supuestas transferencias de capital para cumplir el Estatuto. Desde la Cambra, aunque creen que esta cifra "supone una mejora significativa" con respecto a la de años anteriores también creen que, efectivamente, es inferior al peso que representa sobre el PIB del conjunto del Estado, recordando que el porcentaje de la inversión ha sido del 12,8% entre el 2013 y el 2022, el PIB de Catalunya ha situado en el 19% durante el mismo periodo.

La otra gran queja, o reclamación, proveniente de Catalunya, es la ejecución de los presupuestos. Y es que desde la Cambra recuerdan que la serie histórica muestra cómo el porcentaje de ejecución de la inversión prevista se ha situado muy lejos del 100% y que desde el 2013 en el 2020, el porcentaje medio de ejecución ha sido del 67,4%, fluctuando entre el máximo registrado en el 2017 (81%) y el mínimo del 2016 (56,4%). Por eso la Cambra reclama que se transfieran a la Generalitat de Catalunya el valor de las inversiones no ejecutadas entre el periodo 2013-2020: un total de 3.070 millones de euros.

Además, la Cambra también recuerda que igual que sucede con la inversión presupuestada, la inversión liquidada en Catalunya sobre el total regionalizable en los últimos seis años (2015-2020) ha sido del 11% en media anual, fluctuante entre el 8,4% del 2015 y el 13,2% del 2017. Estas cifras se sitúan muy por debajo del peso económico del territorio catalán sobre el conjunto del Estado (en torno al 19%).

Este agujero ha generado un déficit de inversión en Catalunya que, en términos acumulados, representan 3.616 millones de euros entre el 2015 y el 2020. Esta falta de recursos supone un estancamiento al desarrollo de inversiones pendientes en el territorio, así como la pérdida de los efectos económicos indirectos e inducidos (valor añadido y puestos de trabajo en otros sectores económicos).