Las relaciones de la Comunidad de Madrid y el Gobierno no pasan por su mejor momento. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Puerta del Sol, las relaciones con el ejecutivo se empezaron a tambalear y tensarse, sobre todo en materia fiscal, ya que la presidenta popular es partidaria de rebajar los impuestos al mínimo y liberalizar la economía hasta puntos insospechados y nunca vistos en la democracia española.
Así pues, este mes de febrero Ayuso ha decidido abrir una nueva ofensiva contra el Estado en materia fiscal con la aprobación de la Ley para la Defensa de la Autonomía Financiera, que busca "salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal", basándose en los artículos 156 y 157 de la Constitución. En la práctica lo que busca es un enfrentamiento directo con el Ministerio de Hacienda del Gobierno para, según Madrid, "blindar la política económica y fiscal de la Comunidad de la reforma prepara el Gobierno y que supondrá una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos".
Ahora bien, ¿qué dice la letra pequeña de la ley? Pues en la práctica lo que quiere es conformar una comisión bilateral con el Estado en caso de que este quiera modificar las condiciones de los impuestos cedidos a las comunidades, como por ejemplo el de patrimonio o el de sucesiones. La trampa llega cuando la ley impone que de la comisión tiene que salir un acuerdo, y como las dos partes tendrían los mismos representantes, en caso de que Madrid no quisiera tocar nada no habría pacto y, por lo tanto, no se podrían modificar los impuestos en cuestión. Aquí llega uno de los puntos digamos divertidos del asunto, y es que el Estatut de Catalunya del 2006 ya introducía algo parecido, ahora bien, en aquel caso no reclamaba un pacto. Cabe recordar también que el partido de Díaz Ayuso, el Partido Popular, recogió firmas una vez el Estatut ya había recibido el visto bueno del Congreso y de la ciudadanía catalana y lo acabó llevando al Constitucional. El tribunal en cuestión eliminó muchos de los artículos del Estatut, uno de los cuales fue precisamente este, el de formar una bilateral para poder hablar de fiscalidad específica para Catalunya. Jugada maestra por parte de Ayuso.
El impuesto de patrimonio, el origen de todo
Todo este escándalo y embate contra el Estado es debido al impuesto de patrimonio, concretamente a raíz de algunas voces que apuntan a que el Gobierno podría incluir modificaciones en los impuestos cedidos en las comunidades en su reforma fiscal porque, en la práctica, siguen siendo impuestos estatales. Ante eso, Madrid alega que el Gobierno "solo busca subir los impuestos a los madrileños y disminuir la libertad de la autonomía para gestionar su economía. El libre ejercicio de esta autonomía financiera, gracias a 17 años de bajadas fiscales por los sucesivos gobiernos regionales, ha permitido un ahorro próximo a los 53.000 millones de euros, es decir, 16.500 euros por contribuyente". Al mismo tiempo, cabe recordar que Madrid bonifica el 100% del impuesto de patrimonio, que en la práctica es una exención del impuesto y es una de las principales causas del famoso dumping fiscal, ya que con esta gran ventaja fiscal muchas de las fortunas españolas han trasladado su domicilio fiscal a la capital española, haciendo que sus propiedades, es igual donde estén, no tributen, pero los rendimientos de estas tributen en Madrid.
No es la primera vez que Ayuso utiliza esta táctica, la de aprobar una ley que va completamente en contra de la promovida por el Gobierno. Ya lo hizo con la última ley de educación, la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá. En aquella ocasión su ley defendía la escuela concertada, lo cual era contrario a la ley estatal y permitía a la Comunidad usar su ley hasta que acabe el litigio judicial iniciado por el Estado. Esta ley buscará la misma fórmula, acabar en los tribunales contra el Estado y hacer que todos los trámites sean mucho más lentos. A propósito de eso, desde el Ministerio apuntan a que esta ley no tiene ni pies ni cabeza, ya que consideran que al ser impuestos cedidos por el Estado a las autonomías, el Gobierno puede modificarlos a su voluntad porque en la práctica siguen siendo suyos.
Ley de Mercado Abierto
La Ley para la Defensa de la Autonomía Financiera no es la única ley discutible aprobada por el gobierno de Madrid en las últimas semanas. Existe otra, la Ley de Mercado Abierto. ¿Qué implica esta ley? Pues que a partir de ahora cualquier compañía que opera en cualquier comunidad autónoma podrá instalarse en Madrid sin tener que pedir ningún permiso ni licencia adicional, sin tener que hacer ningún tipo de trámite. Por eso no acaba aquí porque no solo se aplicará a las empresas, ya que cualquier trabajador autónomo podrá operar en Madrid siempre que disponga del permiso para hacerlo en su comunidad. Es decir, que si tú eres fontanero en Catalunya, puedes ir a Madrid a trabajar con tu licencia catalana con la única condición que sigas las leyes madrileñas, así de fácil. No se acaba aquí la cosa, porque dentro de la ley también entran los productos, es decir, que cualquier cosa construida en Catalunya podrá venderse en Madrid sin necesidad de hacer ningún trámite.
El objetivo del gobierno de Madrid es, otra vez, beneficiarse él perjudicando a los otros territorios del Estado a través de la eliminación de trabas. Ahora bien, el ejecutivo Ayuso asegura que su única finalidad es animar a las empresas a que operen en Madrid porque al fin y a la postre el PIB madrileño acabe creciendo un 1,6%, se cree una riqueza de 4.000 millones de euros y aparezcan 50.000 nuevos puestos de trabajo. Si finalmente eso acaba pasando, estas 50.000 personas tienen que salir de algún lugar, y con toda probabilidad saldrán de otras partes del Estado, lo cual todavía da más fuerza a la tesis que esta ley beneficia a Madrid, pero perjudica en gran manera a las otras autonomías.