A partir de este septiembre, gran parte de la red vial de pago en Catalunya dejará de serlo, dicho de otra manera, desaparecen prácticamente todos los peajes. Eso hará que los ciudadanos nos ahorraremos mucho dinero a la hora de viajar por las autopistas y carreteras catalanas, pero como con todo, también tiene contrapartidas.

La más clara de todas es que el peaje es un bien inmueble, por lo tanto está sujeto al pago del impuesto sobre bienes inmueble (IBI), y con su desaparición 132 municipios catalanes dejarán de recaudar este impuesto, perdiendo un total de 14,4 millones de euros el año. Eso, que para grandes municipios con grandes presupuestos podría ser una partida menos, para municipios pequeños puede significar una considerable pérdida de ingresos al cabo del ejercicio fiscal, que en algunos casos llega a oscilar entre el 10 y el 20% del presupuesto anual.

Un ejemplo muy claro de esta nueva problemática es el caso de Vilafant, que tiene un presupuesto anual de 4,5 millones de euros e ingresa 150.000 gracias al IBI del peaje. En declaraciones a la ACN, la alcaldesa de la localidad, Consol Cantenys, recuerda que la AP-7, l'N-II y el AVE atraviesan el municipio, pero que no reciben ninguna compensación a cambio.

Es por eso que los municipios afectados ya han empezado a reclamar al Estado y la Generalitat que les compensen, ya que si no tendrán que revisar, muy posiblemente a la baja, la financiación municipal. Ahora bien, Cantenys añade que a pesar de esta pérdida de ingresos, "estamos completamente de acuerdo en que se acabe la concesión y pase a manos públicas", pero alerta de que lo que no puede ser es que los ayuntamientos sean "los que siempre acabamos perdiendo".

Afectación por demarcaciones

Si miramos esta problemática por demarcaciones, Barcelona dejará de ingresar más de seis millones de euros, Girona 3,75 millones, en Tarragona se dejarán de ingresar unos 3 millones en concepto de IBI de los peajes y en Lleida, los municipios dejarán de recaudar 1,3 millones de euros.

Barcelona es la demarcación que dejará de ingresar más dinero, ya que las 4 vías que se liberan de los peajes pasan por la demarcación. De estos, la comarca más afectada será la del Maresme que verá cómo se esfuman 2,9 millones de euros por la retirada de los peajes en la C-32 Norte que afectará a 30 municipios. Los municipios más afectados serán Mataró, con la pérdida de 377.000 euros, y Arenys con 368.000 euros cada año.

El otro tramo que supondrá una pérdida importante de ingresos será el tramo de la AP-7 que discurre por el Vallès, el Baix Llobregat y el Alt Penedès, donde la retirada de peajes supondrá 2,8 millones de euros, menos en las arcas de los municipios afectados. Sant Celoni será el municipio más afectado con 470.790 euros que dejará de cobrar. Por último, la desaparición de los peajes en la C-33 supondrá una pérdida total de 350.439 euros, de los cuales casi 150.000 eran recaudados por Montcada.

La demarcación de Girona se verá afectada por la supresión de los peajes de la AP-7 y hará que 27 municipios dejen de ingresar unos 3,75 millones. Los municipios más afectados serán Sant Julià de Ramis (367.650 euros) y Sils (286.861,74 euros).

En Tarragona el impacto será menor en el de Girona, ya que de los 3 millones de euros que dejará de recaudar entre 27 municipios, medio millón de euros va a parar a la ciudad de Tarragona, pero esta cifra solo representa un 0,3% del presupuesto, por detrás encontramos el Vendrell, que dejará de recibir 306.000 euros.

La demarcación que se verá menos afectada será Lleida donde los 16 municipios por donde pasa el AP-2 dejarán de ingresar unos 1,3 millones de euros. Ahora bien, los dos municipios más afectados por esta problemática, Albi y Castelldans, con 159.000 y 157.000 euros respectivamente, dejarán de recaudar el 10% y 15% de su presupuesto municipal.