La consellera de Empresa, Àngels Chacón, se ha reunido esta tarde en el Departamento con los presidentes de las 13 Cámaras de Comercio de Catalunya para empezar a perfilar la nueva ley de Cambres, algo que desde la Conselleria ha sido uno de los temas pendientes a salir adelante. Según ha explicado la consellera, el primer borrador de esta estará terminado a finales del 2019, pero no llegará al Parlamento hasta de aquí un año, aproximadamente, "cuando haya pasado todos los trámites administrativos". "No queremos una ley hecha con prisas", ha destacado Chacón.
La nueva normativa pretende "definir el papel de las Cámaras de Comercio, su financiación y sus funciones", que en cada caso tendrán que estar adaptadas "según las necesidades de cada territorio", ha apuntado Chacón. Se trataría de sacar adelante una normativa que ha estado parada desde el 2017, cuando se abandonó el anteproyecto que impulsó el conseller Jordi Baiget.
De la reunión no han salido líneas maestras claras sobre cómo será esta regulación y tanto gobierno como corporaciones han prometido tratar el proyecto como "una hoja en blanco" y conseguir una ley "de consenso". En palabras del presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, "ahora contamos con 2 o 3 meses para ir aportando propuestas y definir una línea conjunta con todas las cámaras".
La financiación, tema (todavía) candente
La financiación de las Cámaras es un tema de debate desde que se hicieron las elecciones camerales el pasado mes de mayo. El presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, ha propuesto instaurar una cuota cameral voluntaria entre los empresarios y autónomos asociados para financiarse.
"De momento tendría que ser voluntaria porque las competencias de legislar la financiación de las Cámaras es del Gobierno", y en todo caso, según Canadell, "más adelante se tendría que hablar con el Gobierno para decidir si se hace obligatorio". La cuota obligatoria fue vigente a todo el Estado hasta el 2010, cuando el gobierno de Zapatero decidió cambiar la ley cameral eliminando la obligación de las cuotas.
Con todo, Canadell ha celebrado la "buena predisposición" de la Conselleria de Empresa para desarrollar esta nueva ley, en que ha recalcado que las diferentes corporaciones se tendrán que sentir involucradas.