Después de seis meses de intensas negociaciones, Gobierno y agentes sociales han llegado a un principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones. Así, se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación

Este paquete de medidas forman parte de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones aprobada por el gobierno del PP el año 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

Revalorización con el IPC

El acuerdo, desarrollado en forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.

Limitar las jubilaciones forzosas

Tal y como ha avanzado en múltiples ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el anteproyecto se establecen una serie de medidas para desincentivar el retiro anticipado del mercado laboral cuando este es voluntario. Así, el texto limita con carácter general las jubilaciones forzosas: se prohíben antes de los 68 años y solo se permitirán en los sectores con baja presencia femenina, en los que la salida del trabajador jubilado forzosamente conlleve la contratación de una mujer, y siempre que el trabajador retirado tenga derecho al cobro del 100% de su pensión por haber tenido una carrera larga.

Desincentivar las voluntarias

La reforma penaliza a los que se acojan a la jubilación anticipada voluntaria (los trabajadores que quieren retirarse hasta dos años antes de la edad legal). En este caso se aumentan las penalizaciones de los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes de la edad legal, pero se rebajan para los que lo hagan en el resto de posibilidades: 22 meses antes, 21 meses antes... Se trata de que las personas que se jubilan anticipadamente de forma voluntaria retrasen dos o tres meses su decisión para obtener una pensión mejor que con las reglas actuales. Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada involuntaria (a la que acceden, hasta 4 años antes de la edad legal, las personas que han perdido su trabajo) se mejoran en todos los casos.

Incentivar la jubilación demorada

Igualmente, el texto pactado por el Gobierno con empresarios y sindicatos recoge incentivos para la jubilación demorada. Se prevé una subida del 4% en la pensión o un pago de una vez (que podría llegar a los 12.060 euros) por cada año que un trabajador decida retrasar su edad de retiro más allá de la edad legal.

El acuerdo, tras meses de negociaciones, se ha sellado en la reunión de la mesa convocada este lunes y solo queda pendiente de la ratificación formal de los órganos de dirección de la CEOE, algo que previsiblemente ocurrirá mañana, ya que los negociadores de UGT y CCOO tenían el mandato para poder aprobarlo en la mesa.

Desde el Ministerio de Seguridad Social señalan que el texto del acuerdo recoge tanto las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño como las reformas recogidas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

Imagen principal, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá / EP