El modelo de liberalización de la Comunidad de Madrid ha provocado este fin de semana que miles de ciudadanos y ciudadanas salieran a la calle para protestar contra el pésimo servicio de los centros de atención primario y las condiciones sanitarias con que trabajan sus empleados. Así pues, la presidenta del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha gestionado la crisis tildando la manifestación "de ideológica y de extrema izquierda" y haciendo caso omiso a las protestas.
Ahora, desde el punto de vista económico, otro presidente autonómico popular es cuestionado por los mismos empresarios. Juanma Moreno, al frente de la Junta de Andalucía, ha sido alertado este lunes por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) sobre los presupuestos previstos por este 2023 que ponen en riesgo la estabilidad económica de la región.
Del 5% al 23% de endeudamiento
Al encuentro, los representantes empresariales y sectoriales han expresado su preocupación delante de la consejería de economía porque el nivel de deuda pública ronda el 23% del PIB regional, cuando el año 2007 no llegaba al 5%. Este endeudamiento consume recursos que se podrían dedicar a otras políticas de impulso.
Así pues, piden a la Junta que se dedique a "crear y mantener entornos de certeza para la sociedad andaluza y, en especial, entre los que invierten o quieren invertir su patrimonio y sus esfuerzos en Andalucía, propiciando un clima de seguridad, confianza y credibilidad que favorezca el desarrollo empresarial". Las cuentas andaluzas tienen que contemplar medidas concretas que aumenten el compromiso con el tejido productivo y empresarial de la región: "Las políticas de gasto del presupuesto se tienen que orientar más a ayudar a obtener un crecimiento económico regional sostenido y sostenible, que haga posible crear riqueza y empleo a ritmos superiores a los registrados a nuestro entorno económico y, con eso, acelerar nuestra convergencia en el contexto de las regiones de Europa".
Ya hoy, en un escenario sin prórroga de presupuestos, los empresarios andaluces reclaman que la magnitud del Presupuesto de la Comunidad, que supera los 45.000 millones de euros anuales (con un gasto no financiero que representa un 20% del PIB regional), "se califique de manera que contribuya en mayor medida a impulsar el desarrollo económico y empresarial en Andalucía. No sólo mediante el estímulo de la demanda, sino especialmente desde el fortalecimiento y modernización de nuestra oferta productiva, en un contexto de creciente internacionalización y globalización".
Y añaden: "Cuestiones ligadas a mejorar el marco normativo, disminuir la burocracia ia proteger la libre competencia, así como la apuesta por el desarrollo empresarial también se tienen que traducir en apoyo presupuestario. Nuestras empresas necesitan percibir que la acción política también es sensible a sus intereses. En suma, lo que pedimos a nuestros poderes públicos es mejor regulación, adecuado estímulo y más eficacia, sobre todo ahora en la gestión de los fondos estructurales y extraordinarios", ha concluido el presidente de CEA.
Precisamente, en materia fiscal, hay que recordar que el presidente andaluz fue alabado desde Madrid el mes pasado para presentar nuevos planes que ayudaran, según él, a captar recursos y proyectos empresariales de fuera, poniendo el acento en Catalunya, a partir de la rebaja impositiva. Unas medidas sin embargo, que son secundarias ante el endeudamiento de la región.