La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abogado por una mayor participación de las comunidades autónomas en la recaudación de lo ingresado por el Estado, por ejemplo en el IVA, a la hora de reformar el sistema de financiación autonómica. En una entrevista con la agencia Efe, Montero ha indicado que las comunidades "están empezando a nombrar" a sus representantes en el grupo político que tratará sobre esa reforma y ha pedido que sean personas que puedan "tomar decisiones sin tener que estar consultando constantemente".

Tras insistir en que el Gobierno anterior "no tuvo ningún interés" en abordar el asunto, se ha mostrado extrañada de que ahora el PP "meta prisa" y algunos de sus presidentes, que "se han caracterizado por su silencio, ahora estén poco menos que dando gritos con la financiación", lo que es "una falta de coherencia absoluta".

Montero se ha comprometido a "poner todos los medios" para que las autonomías acerquen posturas, lo que "no es fácil" y, por ello, ha decidido empezar por la parte que "genera más consenso": determinar cuál es la insuficiencia de recursos que tienen respecto a las competencias asignadas.

Diferentes métodos

La ministra ha aludido a los diferentes trabajos existentes que van desde coger un año base y a partir de ahí proyectarlo; y el más complejo, que sería hacer una evaluación pormenorizada del coste de los servicios, por lo que haría falta desarrollar una contabilidad que ahora mismo no tienen las comunidades.

A su juicio, si hay acuerdo en cuánto tiene que transferir adicionalmente el Gobierno para que el Estado del bienestar sea sostenible, "habrá muchas posibilidades de crear clima para que a la hora de que se distribuya por población ajustada" se haya conseguido crear un modelo "confortable", aunque no sea un "traje a medida", lo que es "extraordinariamente complejo".

Financiar según participación

Para el nuevo modelo, Montero es partidaria de que el nivel autonómico conserve que su financiación viene de su participación en la recaudación. "Soy firme convencida del Estado de las autonomías -ha agregado- y deberíamos diseñar un sistema que permitiera que las autonomías participaran en mayor medida de la actual recaudación".

En su opinión, esa opción es mejor que las transferencias directas, que "hace depender la financiación" de los presupuestos generales del Estado, y ha subrayado que las comunidades deberían tener capacidad de hacer los suyos "con o sin" cuentas estatales, porque son administraciones "absolutamente autónomas financieramente".

La ministra no ha se pronunciado sobre cuándo estará listo el nuevo modelo y señala que trabajan para que esté "lo antes posible", lo que también va a depender de la capacidad de las autonomías de llegar a acuerdos. Pero asegura que quiere ser realista y reconoce que puede haberlo en un tiempo razonable cuando se hable de insuficiencia de recursos; que las coincidencias serán menores en la armonización fiscal, y que, cuando se hable de la población ajustada, "las diferencias serán grandes, porque cada una intentará el reparto que le quede perfecto".

También prevé "grandes diferencias" en la capacidad y autonomía fiscal, ya que solo las que tienen un mayor nivel de renta prefieren más capacidad fiscal. Y "ponerse de acuerdo como país en el modelo de financiación de forma unánime sería que todos tenemos la misma idea de país, de servicios sociales, de sanidad... y como eso no es la realidad política", lo que la ministra pretende es llegar a un consenso razonable, porque "unánime va a ser difícil".

Respecto a que 2019 sea año electoral municipal y en la mayoría de las comunidades y los posibles excesos presupuestarios, reconoce que hay "tendencia a plantear medidas que no se han llevado a cabo en época anterior", aunque saben que tienen que ser responsables y que sus presupuestos tendrán que cumplir con todas las reglas fiscales.