El famoso fondo Covid-19 impulsado por el Gobierno, que prevé distribuir 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas en función "del impacto que ha tenido la pandemia en cada autonomía", ha obtenido hoy el visto bueno del Consejo de Ministros, tal como ha explicado la ministra portavoz María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior. "Es la primera vez que un Gobierno pone 16.000 millones a disposición de las comunidades autónomas".
Montero también ha querido defender el reparto de este fondo -aunque todavía no se han dado las cifras de que recibirá cada autonomía-, aseverando que "es razonable y transparente" porque "el impacto de la pandemia ha sido desigual, y se trata de compensar las cuentas para que no sufran por culpa de la pandemia", de manera que la partición se hará en función del impacto que el virus ha tenido en cada sitio. "Ningún territorio se identifica al 100% con el fondo que se ha aprobado cosa que evidencia que no está hecho a medida de nadie y es justo y equitativo", ha aseverado Montero.
Con todo, durante la presentación, la ministra ha aseverado que "se han tenido en cuenta las propuestas de cada territorio y partidos para distribuir el fondo".
¿Cómo será el fondo Covid?
El fondo Covid es una excepcionalidad porque se trata de dinero que no se tiene que devolver pero que, según los planes del Ejecutivo, se tiene que destinar mayoritariamente a la recuperación de los servicios sanitarios (9.000 millones), a la educación (2.000 millones) y 4.200 millones a la pérdida de ingresos tributarios y 800 en transporte.
De esta manera, el reparto se ha dividido en cuatro tramos: los dos primeros pensados para paliar necesidades sanitarias, uno tercero para educación y el último para ingresos menores. Montero ha recordado también que "este fondo no está acondicionado y es competencia de las comunidades autónomas dar el uso que tienen los importes que se dan", transfiriendo totalmente las competencias. El primero de estos tramos se hará efectivo el mes de julio.
Los criterios de reparto, como se apuntaba anteriormente, se basarán en criterios sanitarios como la población protegida equivalente, los ingresos en la UCI, las hospitalizaciones y los PCR totales.
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