Pedro Sánchez ya anunció, desde la toma de posesión como presidente del gobierno español, su objetivo de financiar más gasto social con más presión fiscal. En otras palabras, con más impuestos. El objetivo final es el de elevar la recaudación tributaria en 8.000 millones de euros anuales como mínimo respecto de lo que ya se había aprobado en los presupuestos del gobierno anterior.

De hecho, la idea del PSOE es implantar "una nueva fiscalidad para el siglo XXI", tal como lo describió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aunque no se ha concretado del todo cómo se hará. Con todo, algunas de las medidas que se han ido perfilando es la creación de tres nuevos impuestos y el aumento de algunos ya existentes. Unas medidas que no han sentado bien a todo el mundo y que afectarán a varios sectores de la sociedad. En este sentido, el director general del Instituto de Estudios Financieros (IEF), Josep Soler, asegura que "los cambios impositivos dentro de la Unión Europea son complicados" por el hecho de no tener una política fiscal común.

Aumento del impuesto de sociedades

Una primera medida muy comentada es la voluntad de aumentar el impuesto de sociedades (IS) en un mínimo del 15% en las grandes empresas. En realidad, lo que se busca es evitar "la arquitectura de las deducciones", como explicaba la ministra de Hacienda, de manera que se evitaría que las empresas redujeran el tipo sobre lo que tributan. Eso supondría un repunte de 6.000 millones a corto plazo, pero las consecuencias podrían ser peores, ya que el incentivo de deslocalización -es decir, el traslado de sus operativas fiscales- por parte de estas empresas sería muy grande.

Según explica Josep Soler, "si no se hace bien, es muy delicado porque las grandes empresas tienen muy fácil marcharse a otro país y así evitar pagar tanto". Al mismo tiempo, "fijar los mínimos al 15% de manera inmediata es un poco injusto", asegura el director del IEF y finalmente el impacto económico sería muy menor al esperado, ya que invita a marcharse.

La tasa Google: impuesto en las tecnológicas

Un impuesto que ya fue muy polémico cuando lo propuso el gobierno de Rajoy con la idea de "pagar parte de las pensiones", pero que Pedro Sánchez mantiene en la lista de sus intenciones. El actual presidente español asegura que con este impuesto se acabará aquello de que "las tecnológicas no pagan impuestos" y se podrá medir su impacto real en la economía. Por lo que ha anunciado hasta ahora, lo más probable es que esté basado en los ingresos de cada empresa.

Según Soler, las tecnológicas "lo tienen todavía más fácil para trasladar determinadas ganancias a otros países", ya que sus productos son inmateriales. Si se homogeneizara y se introdujera este impuesto "en toda Europa, sería mucho más fácil", argumenta Soler, pero "si no se hace así, supone un gran freno a empresas muy atractivas" para nuestra economía.

De hecho, este fue un impuesto propuesto por Bruselas, que se planteaba como un impuesto indirecto de carácter temporal para tasar los servicios digitales en un 3% a empresas como Google, Amazon y Apple, entre otras, para evitar la evasión de impuestos. Se trata, pues, de un impuesto para obligar a que paguen al fisco actividades que actualmente escapan de Hacienda. El gobierno de Rajoy, sin embargo, hizo su propia lectura e introdujo este impuesto -antes de que se hubiera creado- en el Plan de Estabilidad 2019-2020 que presentó en Bruselas como "una de las medidas que ayudaría a pagar las pensiones", cosa que no gustó a la Comisión Europea.

Nuevo impuesto en la banca

Se trata de un impuesto que ya recogía el programa del PSOE antes de llegar a la presidencia, que trata de aumentar la presión fiscal a las entidades financieras -similar a lo que se hace en el Reino Unido- y que se calcula que llegaría a recaudar unos 2.000 millones anuales con la idea de que ayude a tapar el agujero de las pensiones. Según lo que ha explicado Sánchez hasta ahora, se impondrá un recargo de un 8% al impuesto de sociedades sobre las entidades de crédito, elevando su tipo nominal hasta el 38% sobre las ganancias generadas dentro del país.

Esta iniciativa ha sido muy criticada por los principales bancos españoles, como el Banco Santander, CaixaBank, el Banco Sabadell o Bankia, que se han mostrado públicamente en contra, incluso alguno ha amenazado con "cambiar su estructura legal" en caso de que se aplique. Según las principales entidades, se trata de un impuesto que "no es el momento de aplicar" y poco justo, ya que, en palabras del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, "no veo que este esfuerzo [de ajustar el déficit público] tenga que provenir por parte de los bancos", criticaba.

"Con los tipos de interés a mínimos, los bancos han estado ganando muy poco dinero", avisa Soler, y por lo tanto, "si tienen que pagar más impuestos, la banca lo hará repercutir en la clientela". No sólo eso, sino que hay que analizar el tipo de clientela que sufriría las consecuencias. Según el director general del IEF, "los aumentos recaerán sobre el coste del crédito, generalmente destinado a la gente con menos capacidad de negociación", es decir, los clientes con las rentas más bajas.

"Es un impuesto regresivo" -es decir, que perjudica a las rentas más bajas- y al mismo tiempo es una "ridiculez pensar que con este impuesto se ayudará a pagar las pensiones", explica Soler. De hecho, el impuesto en la banca conseguiría recaudar entre 1.500 y 2.000 millones, "cosa que no sirve de nada porque el agujero de las pensiones es de más de 14.000 millones", alerta el director. "Se juega mucho con la demagogia".

Nueva fiscalidad verde

La idea del PSOE es aprobar un gravamen sobre el CO2, uno sobre los óxidos nitrosos, uno tercero sobre los residuos industriales tóxicos y un tributo sobre las bolsas y los embalajes. Al mismo tiempo, también se quiere fusionar los impuestos de matriculación y de circulación de vehículos, y también reformar el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el Canon de vertidos. Actualmente, los impuestos medioambientales suponen sólo el 1,85% del PIB fachada el 2,46% del que suponen a la media de los países de la Unión Europea, y la idea de Sánchez es que se acerquen a estos estándares.

Lo más polémico de esta "nueva fiscalidad verde" es la intención de equiparar los impuestos especiales del gasóleo con los de la gasolina, de manera que los vehículos diésel paguen 9,55 céntimos más por litro. Actualmente, el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro y el de los gasóleo es de 30,7 céntimos, de manera que la recaudación prevista es de unos 2.140 millones y afectaría a todos los conductores con coches diésel.

Con todo, se trata de un impuesto que conseguiría una recaudación "muy escasa", según Soler, y que sólo sería lógico "si consiguiera cambiar las actitudes y comportamientos de la sociedad" en términos de ecología y sostenibilidad.

¿Cómo afecta a Catalunya el nuevo sistema impositivo?

Al tratarse de impuestos puramente estatales, estos tienen un efecto "bastante neutral" de repercusión a la Generalitat. Lo que sí que podría tener una implicación directa mayor es el impuesto sobre las tecnológicas, según explica Josep Soler, principalmente por el hecho de que Catalunya -principalmente Barcelona- es un polo de atracción para las empresas tecnológicas, como hemos ido viendo con la instalación de gigantes como Facebook, Amazon, Moodle, y muchas otras. En este sentido, Madrid también podría tener el mismo problema, explica el director general.

Por último, el documento de presupuestos alternativos que presentó el PSOE también planteaba otras medidas, como la obligatoriedad de aplicar el impuesto sobre el patrimonio en todo el Estado, la armonización del impuesto de sucesiones y donaciones o aumentos en las cotizaciones de los autónomos, entre otros. Varias medidas que el gobierno estatal plantea como un "sistema fiscal de primera división" y que irá detallando durante el curso político.