La empresa Ciments Molins trasladó la sede social a Madrid en octubre de 2017, favorecida por las disposiciones del gobierno español para abrir las puertas a la marcha de empresas de Catalunya en el mes de la celebración del referéndum de independencia. Dos años más tarde, y según adelanta el diario Ara, un grupo de accionistas han emprendido acciones legales con la intención de llevar el caso a los tribunales con el objetivo de forzar el retorno de la sede.
Siempre según el medio citado, en estos dos años ha crecido la división en el seno de la empresa, una de las compañías familiares más importantes de Catalunya, porque la dirección ha ignorado las repetidas peticiones de reconsiderar el cambio de domicilio de la sede.
Ahora, una parte de los accionistas, todos miembros de la familia Molins, han iniciado un proceso legal con la intención de que la justicia declare ilegal el traslado, ya que consideran que la sede social de Madrid es un fraude de ley.
De hecho, la demanda podría tener mucho más recorrido que el caso específico de la cementera, ya que la intención es solicitar que se declare inconstitucional el decreto Guindos, el cambio legal que improvisó el Gobierno para facilitar el traslado de sedes sociales dotando a los consejos de administración de las empresas del poder para tomar la decisión sin consultarlo a las juntas de accionistas, como hasta entonces exigía la ley.
Finalmente, la demanda busca también que se eleve el caso a los tribunales europeos porque considera que el decreto Guindos atenta contra los tratados de la Unión Europea.