Un escollo relevante al despliegue de proyectos industriales en Catalunya es la proliferación de leyes, decretos y normativas que prohíben, limitan o dificultan determinadas actividades empresariales. Así lo evidencia el último informe del Institut Ostrom y la asociación "Catalunya sin límites" bajo el título "Un país sin límites. Análisis y recomendaciones para la facilitación de la actividad empresarial en Catalunya". El informe ha sido presentado en la sede de la Patronal Cecot esta mañana en Terrassa.
PIB condicionado
En palabras del Director de Programas del Institut Ostrom y coautor del informe, Pau Vila Garcia, "Catalunya ha protagonizado un exceso de implantación de trámites administrativos que llevan asociados largos plazos de tramitación para la obtención de licencias de actividad, urbanísticas o de legalización hacia la normativa de incendios, entre otros". La publicación detalla cómo la complejidad regulatoria en Catalunya condiciona la demografía empresarial, incidiendo negativamente en el potencial de crecimiento de las empresas y sus ganancias por especialización. El coste del cumplimiento de estas cargas tiene un efecto económico en términos de PIB muy destacable y algunos trabajos (Gelauff y Lejour, 2006) demuestran que una reducción de cargas administrativas del 25% podría comportar un incremento del PIB del 1,7%.
Catalunya, como muchas otras economías avanzadas, ha vivido un proceso de desindustrialización que se ha acelerado con el paso de los años a la vez que se producía una terciarización de la economía. El sector industrial −sumando a grandes empresas y pimes− ha registrado una caída de su peso sobre el Valor Agregado Bruto (VAB) total de la economía, pasando de un 27% a un 17%. En este contexto, y especialmente a raíz de la crisis de la covid, han sido múltiples las voces en la esfera política y mediática que han reclamado impulsar una agenda de políticas industriales.
El escollo administrativo
Según la base de datos Doing Business elaborada por el Banco Mundial, Catalunya se encuentra en decimoséptima posición −sobre un total de 19 comunidades autónomas− con respecto a la facilidad administrativa de iniciar actividades industriales (Banco Mundial, 2015). Hacen falta un mínimo de 118 días −en comparación con los 62 de Castilla y León, por ejemplo − y los trámites tienen un coste superior al 20% de la renta anual per cápita media en Catalunya − en comparación con el coste del 1,2% sobre la renta per cápita media anual en Andalucía.
El informe también destaca el impacto negativo de la inseguridad jurídica en la actividad empresarial y menciona como ejemplos el impuesto a la generación, transporte y almacenaje de electricidad creado en el 2020; el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) del Ayuntamiento de Barcelona, los límites de altura en los almacenes automatizados; la regulación de los vehículos en conductor (VTC) o el freno absoluto de la implantación de energías renovables durante la década 2009-2019, con un solo aerogenerador instalado durante este periodo, debido al decreto 147/2009.
¿Qué dice el decálogo?
Así pues, ¿cuáles son las medidas a tener en cuenta? El trabajo incluye un decálogo de medidas legislativas, que incluyen, entre otros: la creación del Buzón de la Eficiencia Administrativa, inspirada en el modelo de Dinamarca, Holanda y Reino Unido; la implementación de un fast-track burocrático para proyectos de especial interés económico, particularmente de cariz urbanístico; la creación de la figura del "perseguidor" de proyectos atascados en trámites que se originan en el sistema de Ventanilla Única Empresarial; el establecimiento del silencio administrativo positivo de 90 días; el uso de declaraciones responsables como sustitutivo de las licencias, particularmente orientado a trámites menores; y la implementación del sistema one in, one out (para aprobar una normativa hay que eliminar otra) y balance presupuestario cero (para aprobar una norma con dotación presupuestaria hay que justificar qué dotación existente se reduce o suprime), con el fin de evitar el constante crecimiento de producción normativa.