Una de las principales disputas del Gobierno de coalición es la ley de vivienda y, en concreto, el punto que hace referencia a la regulación del precio del alquiler. En este sentido, en el marco del acuerdo de los presupuestos, el PSOE se comprometió a regular el precio de las viviendas, pero ahora se ha desdicho.
Donde sí que se ha probado una legislación en este aspecto es en Catalunya, pero el PP lo ha impugnado en el Tribunal Constitucional porque, considera que, entre otros derechos, atenta contra el de la propiedad privada y el rendimiento que se extrae de ella. Otro de los motivos que alegan los populares es que con esta normativa, aprobada por las formaciones independentistas y los comunes, se vulnera una competencia que es exclusiva del Estado. Con todo, los abogados del Parlament han justificado que la legislación solo afecta en mercados con viviendas tensas, con la finalidad de que todo el mundo pueda acceder, por|para lo cual lo único que se hace es introducir "limitación que afecta al derecho a obtener una utilidad o un beneficio económico de la propiedad". También, ponen el acento en que la Generalitat tiene competencias en materia de vivienda.
De hecho, el acceso a una vivienda "digna" y "adecuada" es un derecho que se recoge en el artículo 47 de la Constitución española. Al detalle, este estipula: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos tienen que promover las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general por impedir la especulación".
Precisamente, en este sentido va la normativa catalana y la que, en un principio tenía que implementar el gobierno de coalición, que persigue poner un control al valor de los inmuebles para que todo el mundo pueda tener acceso. Ahora bien, mientras que la aprobación de estas legislaciones están trayendo cola en España y Catalunya, ya hay países de la Unión Europea que se han puesto manos a la obra en este aspecto.
Países Bajos
El último estado al dar luz verde a una medida para limitar el precio del arrendamiento ha sido los Países Bajos, que este sábado aprobó una normativa con esta finalidad en la cual le dieron apoyo todos los partidos políticos excepto el ultraderechista Foro por la Democracia (FvD en holandés). Esta prevé que en los próximos tres años aquellas viviendas que cuestan más de 750 euros su precio no se puede subir más de un 1%, pero sí que se actualiza acuerdo a la inflación.
Francia
El país galo ha tenido una larga tradición en este aspecto. De hecho, se encuentran los primeros proyectos en el siglo XVII. Con todo, este mercado ha sido libre hasta, prácticamente, nuestros días. Después de la Segunda Guerra Mundial (1939 y 1945), el precio del alquiler empezó a subir como la espuma y en los años sesenta empezaron a surgir con fuerza las primeras voces para reclamar que se controlara este, especialmente, en ciudades como París. El primer intento, sin embargo, no tuvo lugar hasta el 2012 cuando el presidente era François Hollande. En aquella ocasión, la exministra Cécile Duflot, entonces ministra decretó 28 áreas de tensión por aglomeraciones de población, en las cuales se limitó el precio del alquiler. Ahora bien, finalmente, la justicia tumbó esta normativa en el 2017, cosa que comportó un incremento exponencial del precio del alquiler.
Ante esta situación, el presidente Emmanuel Macron aprobó una ley más moderada en el 2018 que es el que actualmente rige en el país. Esta se empezó a implementar en París y en Lille y se ha expandido a todo el país. Esta determina un precio medio del alquiler acuerdo algunos parámetros como la ubicación del inmueble, el año de construcción o el número de estancias. En este sentido, la normativa prevé que el valor del domicilio no puede superar el 20% del precio medio que se ha estipulado por aquel tipo de vivienda.
Alemania
Desde 1971, Alemania controla el precio del alquiler, una medida que solo se aplicaba en la República Federal, en el oeste del territorio. Actualmente, en este país en este existe una agencia nacional de la vivienda que estipula un índice de precios acuerdo la zona donde se encuentra el inmueble. Hasta el 2015, el arrendamiento no podía ser superior al 20% del valor estipulado por este organismo. Ahora bien, en aquel año, el gobierno liderado por Angela Merkel bajó esta barrera hasta el 10%. Además, en el 2019, en la capital, Berlín, se dio un paso más allá y el coste del metro cuadrado no puede superar los 9,8 euros.
Italia
Desde 1998, en Roma las autoridades locales definen un precio máximo y mínimo del alquiler de una vivienda. Esta medida se hizo extensiva al ámbito nacional en el 2004. Al detalle, las autoridades locales pactan con asociaciones tanto de representantes de arrendadores como de los inquilinos este índice de precios para los pisos acorde a unos barómetros preestablecidos.
Suecia
Otro de los pioneros con respecto a la regulación de este aspecto es Suecia. En concreto, en este país nórdico, el precio del alquiler se negocia anualmente en el ámbito municipal, es decir, que cada localidad define el valor de los inmuebles, mediante una negociación entre las autoridades y los sindicatos de los alquileres, que son muy fuertes en este país. Una vez pactado el coste, el sector privado no puede fijar un arrendamiento que supere el 5% de este.
Dinamarca
Ante el incremento del precio de los pisos, especialmente en las grandes ciudades, en febrero del 2020 el Ejecutivo danés aprobó una normativa para congelar el precio del alquiler durante cinco años. En concreto, cuando una persona compra un piso no puede subir sus rentas durante este periodo.
Imagen principal: Un balcón luce una pancarta que reclama que los precios de los alquileres sean accesibles / ACN