La patronal Foment del Treball, la Patronal Catalana de la Distribución de Automoción Fecavem i la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) han dirigido hoy una carta al conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, una carta para reclamar que los ciudadanos y empresas catalanas titulares de vehículos no tengan que pagar el nuevo Impuesto de Emisiones de CO2.
Las tres entidades han pedido dejar sin efecto este impuesto "hasta finalizar la pandemia y, como mínimo el año 2023". Este impuesto grava aquellos vehículos de tracción mecánica que generan emisiones de dióxido de carbono y que, según dijo Calvet a mediados de abril del año pasado, es "muy necesario" para poder impulsar políticas ambientales. Según el texto remitido a la conselleria, este impuesto genera presión fiscal en un contexto de crisis por la Covid y sólo se impone en Catalunya, mientras que no existe en otros territorios del estado español.
Presión fiscal
Las entidades piden no aumentar la presión fiscal para la ciudadanía y las empresas en un ejercicio que "no hace prever buenos escenarios a corto ni a medio plazo" a causa de la evolución de los datos epidemiológicos.
"Este aplazamiento que se propone no comporta ninguna exención, sino que se pospone su entrada en vigor, atendiendo a la gravedad social y económica vigente", exponen a las patronales a la carta.
Además, también dicen que este impuesto "no aporta una contribución significativa en las arcas de la Generalitat", y que no compensa el esfuerzo de los contribuyentes que se encuentran afectados por la crisis de la Covid en "estos momentos tan inciertos y complicados".
Implicación del sector en el cambio climático
El sector pide "impulsar políticas verdes que aceleren la transformación del sector de la automoción hacia las bajas emisiones o cero", a la vez que pide recuperar la economía y la actividad en el sector del automóvil, que moviliza hasta el 10% del PIB catalán. "El juego de equilibrios es difícil, pero hay que tener un orden de prioridades si queremos, entre todos, tirar adelante", exponen las entidades a la carta remesa al Govern.
Las patronales se comprometen a suplir la falta de información y certezas sobre si empresas y la ciudadanía tendrán que hacer frente al impuesto, cuyo valor podría llegar en torno a los 200 euros, según las entidades.