"Si Catalunya fuera independiente, no sólo las pensiones estarían garantizadas sino que la sostenibilidad del sistema mejoraría." Esta es una de las grandes conclusiones del estudio "Los fondos de la Seguridad Social en Catalunya, Evolución Financiera y principales indicadores que inciden en la viabilidad de las pensiones en Catalunya" elaborado cond atos del Ministerio de Ocupación y la Intervención General del Estado (IGAE) y presentado conjuntamente por los departamentos de Economia y Treball de la Generalitat.

En este sentido, la consellera de Treball, Dolors Bassa, se ha atrevido incluso a augurar que una Catalunya independiente conseguiría revalorizar las pensiones por encima del 0,25%. Al mismo tiempo, se ha mostrado convencida de que Catalunya conseguirá "el equilibrio presupuestario" de la parte contributiva del sistema (representa un 90% del total, incluye las pensiones por jubilación y se financia por las cotizaciones) durante la primavera de 2018.

De momento, Catalunya ya ha reducido un 72,5% este déficit de la parte contributiva, de 2.807 millones a 772 millones, entre 2013 y 2016 mientras que España sólo lo ha conseguido en un 56,3%. "La sostenibilidad del sistema de seguridad social catalana está garantizada, así lo demuestran los factores económicos y de trabajo, y estamos más preparados para asumir la solvencia de los pensionistas", ha reivindicado.

La negociación

Con paso firme hacia el referéndum, el secretario de Treball, Josep Ginesta, ha querido dejar también muy claro que las pensiones y otras prestaciones de la seguridad social de Catalunya "están garantizadas pase lo que pase el 1 de Octubre." ¿El motivo? "Las pensiones son un derecho y una obligación de los gobiernos". Tanto del Estado español como catalán.

El secretario de Economía, Pere Aragonès, entiende que Catalunya no puede "asumir obligaciones de los otros unilateralmente". De esta forma, se ha dado por hecho que habrá una negociación y "acuerdos bilaterales" entre gobiernos para garantizar las pensiones. Aunque la voluntad es que el gobierno catalán pueda empezar a pagarlas "cuanto antes mejor", Ginesta ha explicado que de entrada lo tendrá que asumir el ejecutivo español hasta que se haga la repartición de activos y pasivos y la Generalitat tenga todos los datos.

"En la nueva república, tenemos que hacer el reparto de activos y pasivos. ¿Quién tiene la obligación de pagar? Los que han cotizado en un Estado español tienen que cobrar en un Estado español, los que han cotizado en una república catalana, tienen que cobrar de una república catalana. No tiene que ver ni donde vives ni qué nacionalidad tienes. Tenemos que acordar el dinero de las cotizaciones y es un tema de pacto y de convenio", ha sentenciado Bassa.

Más y mejor

Según el estudio, Catalunya presenta un mejor mercado laboral y unos mejores salarios que el resto del Estado. Con los datos en mano, su tasa de empleo (de 20 a 64 años) es del 70,1% con respecto al 63,9% español mientras que cada afiliado catalán ha cotizado 6.365 euros por término medio en el 2016, un 7,7% más que el agregado estatal.

Todavía más. La directora general de análisis económico de la Generalitat, Natàlia Mas-Guix, ha recordado que aunque Catalunya representa un 16% del conjunto de la población española, cuenta con el 17,3% de la población ocupada, el 16,6% de la población activa y sólo con el 12,3% del paro registrado. De la misma forma, el conjunto de ingresos y gastos de la seguridad social catalana ha cerrado en el 2016 con un déficit de 1.308 millones, lo que supone el 7,2% del total español que es de 18.096 millones.

Incluso dentro de un contexto generalizado de déficit del sistema de pensiones a causa de la crisis económica y del progresivo envejecimiento de la población (más esperanza de vida), Catalunya presenta un balance menos negativo que España en la seguridad social. O dicho de otra manera, depende menos de recursos públicos adicionales para financiar las prestaciones como el endeudamiento o las transferencias.

Adiós a la hucha

A todo ello, el gobierno también ha remarcado que el fondo de reserva de la seguridad social ha caído en picado. De los 66.000 millones de euros registrados durante el 2011, un 6,2% del PIB, se ha desinflado hasta el 1,4% del PIB y se prevé que este mismo 2017 quede totalmente liquidado. Adiós a la hucha española de las pensiones.