El Tribunal de Cuentas ha alertado este jueves de "deficiencias" en el control de la Seguridad Social en 2014 sobre el fallecimiento de 29.321 pensionistas, a los que se seguía pagando un importe de 25,3 millones mensuales, dado el cruce histórico de defunciones registrado desde 1987 hasta agosto de 2015 con la nómina de pensiones de diciembre de 2014 y octubre de 2015.

Así lo constata un informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2014 acerca de los procedimientos de gestión y control de los deudores con la Seguridad Social que a su vez ha alertado de "retrasos" en la reclamación de cobros indebidos de prestaciones, lo que ha provocado la prescripción en el periodo 2012-2014 de un importe de, al menos, 10,28 millones. 

"Lagunas" y "carencias"

Más concretamente, el Tribunal de Cuentas ha advertido de "lagunas" en el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión, lo que se debe principalmente a las "carencias" de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

También se achaca a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce informático, "que no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos". Y es que el Tribunal afirma que el INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión "y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control".

Por todo ello, el Tribunal ha instado a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación, y a las direcciones provinciales a que realicen de manera sistemática un control, al menos trianual, con el fin de interrumpir el plazo para que opere la prescripción.

Más fallos

En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidas indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario. Según señalan, esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar en los casos de reincidencia.

Además concluyen que el INSS no disponía, durante el periodo fiscalizado, de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones que contemplase aspectos como criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación, y fuentes de datos disponibles.

Asimismo, el inventario de deudores por prestaciones del INSS a 31 de diciembre de 2014 presenta una serie de incidencias como la omisión de la fecha de resolución de expedientes que ya han sido resueltos, la inclusión de expedientes sin saldo inicial de deuda ni movimiento en el ejercicio, entre otras.

Una deuda de 58.133 expedientes

En relación a la recuperación de la deuda por cobros indebidos de prestaciones, según los datos del inventario de deudores, a 31 de diciembre de 2014, la deuda comunicada por el INSS a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para su gestión de cobro ascendía a 71.683.000 euros, correspondientes a 58.133 expedientes.

Pero durante la fiscalización, este inventario fue remitido a la TGSS para que confirmara su información, y esta comunicó que el importa de la deuda que ella estaba gestionando ascendía a 15.289.000 euros, correspondientes a 174.047 expedientes.

Esta significativa diferencia indica que existe una deficiente comunicación entre ambas entidades, así como que existe el riesgo de que el saldo del inventario de deudores por prestaciones no refleje su situación real", concluyen. 

La Seguridad Social lo desmiente

El Ministerio de Empleo ha salido al paso de estos datos y ha subrayado que estas afirmaciones del Tribunal de Cuentas "no se corresponden con la realidad", por lo que ha negado "de forma clara y rotunda" que la Seguridad Social esté abonando una pensión pública a casi 30.000 personas fallecidas. 

En este sentido, el departamento que dirige en funciones Fátima Báñez ha recordado que la Seguridad Social controla las defunciones de pensionistas a través de cuatro vías: el intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia; intercambio mensual de datos de defunciones con el INE; detección de fallecimientos por las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y la obligación para los residentes en el extranjero de presentar anualmente una fe de vida.

"El riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario de pensión es prácticamente nulo o inexistente", ha concluido.