El 7 de abril se abre el plazo para presentar la declaración de la renta y las personas que han estado en ERTE durante el 2020 por la pandemia de la Covid-19 se pueden encontrar con una sorpresa: la posibilidad de que les salga a pagar es más que probable. La razón está en el hecho de que el SEPE no aplica la retención del impuesto del IRPF, cosa que sí que hacen las empresas en la nómina de sus trabajadores.
En una situación de normalidad, las empresas hacen una retención mensual en concepto de IRPF en función de lo que se cobra anualmente. Eso hace que salga una declaración a no pagar, o que se pague una cantidad muy pequeña. El problema viene cuando no se aplica ninguna retención en concepto de IRPF, como hace el SEPE con la prestación que se cobra a consecuencia de los ERTE.
Segundo pagador
La normativa determina que las personas con ingresos de hasta 22.000 euros brutos al año no tienen la obligación de hacer la declaración de la renta si tienen un único pagador. Lo que pasa es que el SEPE es considerado como un pagador, de manera que los trabajadores en ERTE durante el 2020 habrán recibido dinero de dos empresas: de la suya hasta el momento del ERTE y del SEPE. En estos casos es obligatorio hacer la declaración si se superan los 14.000 euros de ingresos brutos anuales y los ingresos del segundo pagador (SEPE) superan los 1.400 euros anuales. Esta obligación provocará que tendrán que hacer la declaración muchas personas que han sido el año pasado en un expediente temporal de ocupación.
Así, y según cálculos hechos por el registro de Economistas Asesores Fiscales, habrá trabajadores que deberán pagar a Hacienda en torno a 1.000 euros. Dependerá, en todos caso, de las circunstancias de cada trabajador.
Cerca de 4 millones en ERTE
En el conjunto del Estado español y desde el inicio del estado de alarma por la pandemia cerca de cuatro millones de trabajadores se han visto afectados por un expediente de regulación temporal de ocupación, una cifra que ahora está en las 878.000 personas. En Catalunya, llegó a haber en el pico de la pandemia más de 705.000.
Con el fin de impedir que se penalice en plena crisis de la Covid a los trabajadores con las rentas más bajas y con mayor precariedad laboral, que han estado o están en un ERTE, en paro o han encadenado varios contratos, el Govern ha acordado una deducción del IRPF para personas con unos ingresos anuales entre 14.000 y 22.000 euros brutos el IRPF equivalente a la diferencia entre la cuota íntegra catalana y la cuota íntegra estatal, siempre que esta diferencia sea positiva. Esta deducción supone, en la práctica, dejar de cobrar el diferencial catalán.
De esta iniciativa, aprobada el pasado noviembre, se podrán beneficiar unas 250.000 personas. La pérdida de ingresos para la Generalitat será de unos 16,3 millones de euros en el presupuesto de 2022.