La ley que obliga a contratar a los repartidores de las plataformas digitales puede tener los días contados. El PP recurrirá esta semana la conocida ley rider ante el Tribunal Constitucional, porque no había una "urgente necesidad" de aprobarla por real decreto.

La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha acusado a este lunes a la Moncloa de "hurtar" el poder en el Congreso mediante la aprobación de normas sin previa autorización parlamentaria, como es la ley rider. Concretamente, la portavoz popular ha insistido en el hecho de que "no había urgente necesidad" al aprobar esta normativa, "sino que había una necesidad urgente de saltarse nuevamente el Congreso".

48 reales decretos

Gamarra ha señalado que su partido "desconfía" del PSOE y del Gobierno porque intentan "silenciar el trabajo del Parlamento saltándose" su capacidad legislativa "mediante la figura del decreto ley". Asimismo, ha añadido que el ejecutivo de Pedro Sánchez quiere "intentar controlar" el Poder Judicial.

Desde la declaración del estado de alarma en marzo del año pasado, el Gobierno ha aprobado 48 reales decretos, ha recordado a la dirigente del PP en una entrevista a TVE. Una práctica que tiene el objetivo de "hurtar el debate en el Parlamento", según Gamarra. También ha destacado que el Tribunal Constitucional ya ha tumbado tres de estos reales decretos "por haberlos utilizado abusando de su poder para evadir el control parlamentario".

El TC y el estado de alarma

En el caso de la ley rider, ha insistido en que modificar el Estatuto de los Trabajadores de esta manera, cuando "el acuerdo con el diálogo social estaba aprobado en el mes de abril", demuestra que lo que existía era "una necesidad urgente de saltarse nuevamente el Congreso".

El recurso llega en un momento de debilidad por gobierno de Sánchez, después de que la semana pasada el Tribunal Constitucional tumbara el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma. Al respecto, han vuelto los reproches de la Moncloa: la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido que los magistrados habrían interpretado la legislación "de otra manera" si "hubieran hecho el esfuerzo de poner a su jefe en la situación concreta" de la pandemia.

Un rider de Glovo mientras trabaja / Efe

En cambio, Gamarra ha pedido "humildad" a Sánchez y "abandonar la soberbia". Según la portavoz popular, es necesario que el presidente del Gobierno reconozca que "vulneró los derechos fundamentales de los españoles" y asuma que actuó "tarde y mal".

Ahora queda esperar cuál es la decisión del Tribunal Constitucional con respecto a la ley rider, aprobada el 11 de mayo de este año. Una normativa que establece la condición de asalariados para los repartidores de plataformas digitales como Glovo o Uber Eats, los llamados "riders", y que ofrecía un plazo de tres meses para que las empresas se adaptaran a esta nueva norma.

 

Imagen principal: Una rider de la empresa Uber Eats espera para hacer una entrega / ACN