El máximo accionista de Banca Privada de Andorra (BPA) hasta su nacionalización, Higini Cierco, ha interpuesto este lunes una querella criminal contra el ex jefe del Gobierno de Andorra, Toni Martí, y los ex ministros Jordi Cinca y Gilbert Saboya. Se les acusa de prevaricación continuada en el marco de todo el denominado 'caso BPA'. También figuran como querellados la ex directora del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) Maria Cosan, el presidente de la Agencia estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), Albert Hinojosa, y el director de este último organismo, Òscar Gelabert.
Según se explica en el comunicado, la querella tramitada esta mañana es un compendio de las diversas acciones o decisiones habidas ya antes del 10 de marzo de 2015, cuando se publicó el Notice del FinCEN, y los acuerdos o resoluciones que se han adoptado con posterioridad, hasta llegar a la reciente acción social que impulsada por el AREB reclama más de 400 millones de euros a los miembros del antiguo consejo de administración de BPA. El escrito presentado ante la Batllia (juzgado de primera instancia e instrucción), pone de relieve "las numerosas decisiones arbitrarias y omisiones malintencionadas que se habrían dado antes y durante la existencia" de los efectos de la nota del FinCEN, y que tuvieron una repercusión "devastadora para BPA", y también destaca los acuerdos y resoluciones adoptadas posteriormente y de forma "manifiestamente injusta” para continuar perjudicando y acusando tanto a los antiguos propietarios de BPA como muchos de sus empleados y clientes. La querella hace un exhaustivo repaso de toda una serie de actuaciones previas y posteriores a la ‘Notice’ del FinCEN.
En el escrito enviado a la justicia, se señala a Toni Martí como el principal responsable que el FinCEN ((Financial Crimes Enforcement Network) acabara emitiendo la nota del 10 de marzo de 2015, de la cual estaba informado seis días antes. Al político se le acusa de “dar información sesgada, falsa o incompleta y, en todo caso, no se dio la información exculpatoria por BPA de la que tenían perfecto conocimiento las autoridades andorranas”.
Se explica en la querella que una vez anunciada la nota del FinCEN, ese mismo día Martí instó la Fiscalia a tomar acciones judiciales contra BPA y sus directivos, adoptando “un seguido de resoluciones totalmente injustas y arbitrarias”. Además también se critica al entonces presidente por “no reaccionar” en ser informado de “las coacciones de parte de funcionarios españoles sufridas por dirigentes de BPA para obtener información de la família Pujol”.
Finalmente acusa Martí de ser “el primer responsable de llevar a la aprovación del Consejo General (en dudosos plazos) la Ley 8/2015, de 2 de abril, de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias, creadora de la AREB”.