Las defensas de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato han reiterado hoy que las pruebas han sido "manipuladas y empleadas de manera indebida", y han cargado contra el FROB y Bankia, acusaciones particulares en el juicio contra los 65 usuarios de tarjetas opacas, por disputarse en exclusiva el perjuicio de las "black".
Ambos letrados han coincidido en que no ha quedado acreditada ni la apropiación indebida ni la presunta administración desleal achacadas a sus representados, ya que la principal prueba del caso, la hoja excel con los gastos, no es más que un "acto de voluntad" de Bankia que, pese a contar con toda la documentación "no ha jugado todas sus cartas porque no ha querido".
El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, ha cargado en su exposición ante la sección cuarta de la sala de lo Penal contra el Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y la entidad por iniciar un proceso "oscuro" con el que han pretendido antes de enjuiciarlos "cortar la cabeza" a los ahora acusados, que se enfrentan a penas de entre seis años y doce meses de prisión.
Una muestra de "mala fe" con la que ambas acusaciones han pretendido "cercenar" el sistema de las tarjetas, en marcha "durante 23 años", al revestirlo de "clandestino" cuando era "conocido por todos, tenía su propio circuito y se contabilizaba siempre de la misma forma, que era perfectamente accesible", según la fuente.
Austeridad franciscana
Aguilar ha dicho al tribunal, que preside la juez Ángela Murillo, que el expresidente de la caja entre 1988 y 1996 Jaime Terceiro, "no respetó la verdad" cuando dijo que las visas sólo tuvieron número PIN después de su mandato, cuando se envilecieron.
Ha insistido en que los usuarios podían disponer de sus tarjetas para sacar efectivo "desde el primer día" sin que nadie, ni el entonces secretario de la entidad, Ángel Montero, les dijera que tenían que justificar los cargos o que los gastos fueran "prudentes y de austeridad franciscana".
Asimismo, ha descartado la "conspiración del silencio" que, en su opinión, sostienen las acusaciones al carecer de sentido que tanto la Agencia Tributaria como el Banco de España pudieran estar al tanto del delito, y que "ha arruinado la vida" a los exconsejeros y exdirectivos.
Unos argumentos suscritos por el abogado de Rato, Ignacio Ayala, que ha atacado la "inseguridad e incapacidad" del FROB y Bankia, que no han podido ponerse de acuerdo sobre quién es el legítimo perjudicado de la causa, y a las que ha afeado que hayan cuestionado "una época, un modelo, un concepto" en un juicio "moral, no jurídico".
Imprudencia, no delito
A pesar de no quererse escudar en la herencia del sistema como alegato, Ayala ha basado parte de su intervención en recordar que su representado, en tanto que usuario, recibió su tarjeta "como cualquier otro consejero" de manos del entonces director general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj.
Ha reiterado que no mantuvo conversación alguna sobre las tarjetas; tampoco evacuó informe alguno durante su presidencia y no fue receptor de ningún correo, durante su mandato, que se inició en 2010.
Una señal de que "todo permaneció como estaba", ha dicho Ayala, con relación a un sistema "tradicional y automático" por el que, como mucho, podría acusarse a Rato de imprudencia, pero nunca de delito.
Se alarga el juicio
José Antonio Jiménez Gutiérrez ha intervenido en defensa del exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín y los exconsejeros Francisco Baquero y Pedro Bedía, y se ha referido a las "trabas" que ha encontrado durante un proceso que se ha caracterizado por la aportación de meros "indicios circunstanciales" por parte de las acusaciones.
Las largas intervenciones de los letrados, que por lo general han apurado la hora de duración, han obligado a la sala a suspender la sesión hasta el próximo miércoles 21, con lo que se modifica el calendario de un juicio que se preveía quedase hoy visto para sentencia.