Conocido el coste que podría suponer desmantelar las instalaciones del proyecto Castor, más de 260 millones de euros, partidos políticos como Compromiso y entidades sociales como la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, han exigido al Gobierno que ejecute de forma inminente la obra y haga pagar el coste íntegro en la exconcesionaria Escal UGS, controlada por el ACS de Florentino Pérez.
El portavoz de la formación en el Senado, Carles Mulet, ha ido todavía más allá y ha acusado a la administración estatal de querer perpetuar el negocio de empresas como Enagás –encargado de hibernar y mantener las instalaciones- posponiendo el desmantelamiento con el pretexto de un supuesto peligro sísmico que no se ha acreditado y a la espera de encargar los estudios necesarios.