La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) considera que el reglamento de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB) que regula el sector de los VTC y que establece una precontratación de 60 minutos es "injustificadamente restrictivo", porque "discrimina entre operadores y generará graves perjuicios para los usuarios". El reglamento fue aprobado el pasado 26 de febrero por el Consejo Metropolitano del AMB y está previsto que reciba el visto bueno definitivo durante las próximas semanas después de que el 15 de febrero acabaran los 30 días hábiles de exposición pública.

Al mismo tiempo, el ACCO también señala que el texto del AMB "introduce restricciones y cargas adicionales" a la prestación de servicios que se añaden a las normativas ya aprobadas por la normativa estatal y catalana. Por todo ello, pide que el AMB no apruebe definitivamente el texto.

El ACCO ha publicado este miércoles su informe de Regulación 39/2019, en el qué critica la normativa aprobada por la AMB porque, entre otros, perjudica "gravemente" a los usuarios y porque "no se encuentra justificada en base a ninguna razón de interés general o motivo legítimo". Además, reprocha que es "discriminatoria" porque estas medidas no se aplican al taxi, aunque también preste servicios en el ámbito de la precontratación.

Aparte de considerar que restringe la competencia entre los dos sectores, Competencia también señala que lo"altera" entre los mismos operadores de VTC en la aplicación de las normativas a los descansos semanales y horarios, entre otros, en función del momento en que obtuvieron la autorización.

Sobre el registro de vehículos para los vehículos VTC indispensable para que puedan prestar los servicios, el ACCO opina que dificulta "todavía más" poder prestar servicios urbanos durante el periodo de transición de cuatro años que prevé el reglamento aprobado por el Ministerio de Fomento, en qué después serán las comunidades autónomas que podrán determinar la ratio de VTC por cada taxi.

El reglamento del AMB prevé multas de 300 euros para infracciones leves, de 301 a 1.400 euros para las graves, y hasta 6.000 euros para las muy graves. La aprobación inicial del reglamento sacó adelante con los votos a favor del PSC, Entesa, CUP y Compromís y Acuerdo por Torrelles, y la abstención de PDeCAT, ERC y Plataforma Ciudadana por Barberà. PP y Ciutadans votaron en contra.

Entre las infracciones graves que incluye el reglamento, estará el uso de vehículos diferentes a los que constan en el registro, intentar captar clientes en la vía pública, como el andén de una estación, puerto o aeropuerto o a mano alzada, y que el conductor del vehículo no esté dado de alta en la Seguridad Social.

También será una sanción grave que los servicios no consten en el Registro de servicios, es decir, momento de la solicitud, día y hora de recogida, el origen y el destino y los recorridos mínimo y máximo previsto. Respecto a las sanciones leves, está el hecho de no tener visible la documentación del vehículo VTC o retener más de dos días objetos sin avisar a la autoridad competente.