El rescate de las autopistas radiales de Madrid y de algunos tramos valencianos del AP-7 que han entrado en quiebra costará en las arcas públicas como mínimo 3.718,3 millones de euros. Así lo recoge la 'Declaración sobre las cuentas generales del Estado correspondiendo al ejercicio 2015' que ha hecho pública este viernes el Tribunal de Cuentas.
Según este organismo, a estos 3.718,3 millones de euros todavía hay que sumar las indemnizaciones por las expropiaciones de terrenos que el Estado tuviera que abonar fruto de resoluciones judiciales que se pueden producir en el futuro. El Tribunal de Cuentas riñe además al ejecutivo español por no haber facilitado esta información a su memoria consolidada. Según explica el documento, ha sacado la información de los reales decretos de adjudicación de las autopistas de peaje y de los de modificación de los términos de las concesiones administrativas.
Se trata de las autopistas R3, R-5, que ya se encontraban en proceso de liquidación, R2, R4 (Madrid-Ocaña), M-12 (Eje aeropuerto de Madrid); AP-41 (Madrid-Toledo), así como el tramo de la circunvalación de Alacant de la AP-7, el tramo Cartagena-Vera de la AP-7, y el AP36 (Ocaña-La Roda).
No es un "rescate"
Aunque el gobierno español había afirmado que el rescate de las autopistas en quiebra no tendría impacto sobre las arcas públicas, finalmente el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, admitió que el coste podría alcanzar los 5.000 millones de euros, aunque mantuvo que no se trata de un "rescate" sino del "cumplimiento de la Ley".
El mismo ministro ha confirmado esta semana que el gobierno español se tendrá que hacer cargo de las autopistas en quiebra y que el Estado tendrá que abonar este dinero en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración previsiblemente a principios del 2018. Según De la Serna, en este periodo intentará volver a licitar las autopistas por un importe de cerca de 700 millones de euros.