La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, prevé una reducción del precio de la luz de un 37% en febrero. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, la ministra ha asegurado que "ya se están dejando atrás los efectos del pico" del precio de la luz por el temporal Filomena, "que han generado tanta alarma".
"Volvemos a la senda de reducción de precios", ha afirmado, con una bajada prevista para el miércoles del 36% en relación con el precio medio que ha tenido durante el pico de precios de este enero, según "las mejores previsiones disponibles". Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción ha comunicado en un tuit hoy que el precio medio del kWh de electricidad ya ha aumentado un 42% interanual durante los primeros 19 días del año y que se sitúa hoy en los 18,77 céntimos.
El precio medio del kWh de electricidad en los primeros 19 días de enero se sitúa en 18,77 céntimos, frente a los 13,22 del mismo periodo del año pasado. La subida interanual representa el 42,0%. Seguimos reclamando al Gobierno que cumpla sus compromisos para abaratar la factura.
— FACUA (@facua) January 19, 2021
Defensa de las renovables
Ribera ha defendido que hay que evaluar la tendencia "a lo largo de meses" y no las "fluctuaciones" en "momentos puntuales" y ha reiterado que en los últimos dos años se ha reducido un 40% el precio de la factura de la luz. En este sentido, ha subrayado "la excepcionalidad" de la situación generada por el temporal Filomena.
La ministra ha insistido en que hay que tener una "visión de conjunto" porque "tampoco es imaginable un escenario constante de reducción" de precios y ha dicho que es "fundamental" incorporar las energías renovables para tener un "precio estable".
Por otra parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha explicado que el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que quiere reforzar la protección de las personas vulnerables en relaciones de consumo incorporando la figura de consumidor vulnerable en la legislación estatal. Garzón ha remarcado que no sólo se trata de vulnerabilidad económica, sino que también implica la protección de personas de edad avanzada con un bajo nivel de digitalización o personas con escasa formación, entre otros.