Paso adelante antes de marcharse de vacaciones. El Govern ha puesto en marcha los trámites para calcular un salario mínimo catalán de referencia en términos de coste de vida y equidad salarial, a la vez que desde el Departamento de Economía y Hacienda también se empieza a trabajar para recuperar la estructura de tramitación de los tributos propios y estatales, eliminada en aplicación del 155. Así se ha aprobado a la última reunión del ejecutivo, que no volverá a encontrarse hasta el 27 de agosto.
El vicepresidente, Pere Aragonès, ya anunció durante la presentación del Informe Económico de Catalunya que el Departamento está "determinado" a impulsar un salario mínimo catalán de referencia, junto con la colaboración de los sindicatos y las patronales, aunque "la Generalitat no tiene las competencias necesarias para fijar por ley un salario mínimo catalán, pero sí que podemos hacer aquello que tantas veces hemos hecho cuando el Estado no ha llegado hasta donde queríamos, que es conseguirlo a través de un consenso social," ha aseverado Aragonès.
Según el conseller de Economía y Hacienda, se parte de la base que "900 euros en Catalunya no tienen el mismo valor que en otros lugares del territorio español" ya que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) aprobado por el Estado español a finales del 2018 "no tuvo en cuenta las diferencias del coste de la vida existentes a los diferentes territorios y, en consecuencia, mantiene en situación de pobreza a los perceptores de aquellos territorios que tienen unos costes más elevados". En este sentido, "este hecho compuerta perjuicios sobre los derechos de las personas, pero también impacta negativamente sobre la eficiencia y la productividad de la economía catalana", explica.
De esta manera, el Departamento dará a conocer en el plazo de tres meses las conclusiones de este cálculo, y una vez presentado, se convocará el Consejo de Relaciones Laborales —que agrupa agentes sociales, sindicatos y patronales— con el fin de iniciar un procés de concertación social que permita establecer este salario diferenciado para Catalunya. Este, tendrá un impacto en la mejora salarial de las mujeres y de personas" migradas". Además, prescindiendo de cuál es el coste de la vida, "el hecho de establecer salarios mínimos diferenciados en función de la realidad económica de cada territorio es una de las reflexiones que la misma candidata a presidir a la Unión Europea compartió", argumenta el vicepresidente.
Según cifras del Govern, el 14,4% de la población, "y a pesar de tener un salario, están en riesgo de pobreza". "Hoy salir del paro no quiere decir salir del riesgo de pobreza", recuerda Aragonès, y "la economía catalana no tiene que basar su actividad en salarios mínimos low cost".
Recuperar la Hisenda propia
"Consolidamos a la Hacienda catalana no sólo como la que recauda los impuestos sino la que mejor hace la prestación de servicios para pagar", asevera el vicepresidente. Con la aplicación del 155 se eliminó la estructura de Hacienda propia, que permitía tramitar los tributos propios y estatales, lo que desde la Generalitat consideran "una represalia del gobierno de Mariano Rajoy totalmente arbitraria y exclusivamente política, ya que no había ningún motivo técnico o legal para eliminarla".
En la última reunión del ejecutivo se ha aprobado recuperar esta hacienda propia y se ha encargado en la secretaría de Hacienda la definición de un modelo de política fiscal corporativa propia de la Generalitat que tenga como objetivo final el poder gestionar y unificar la tramitación de los impuestos, por la cual "agotaremos todas las competencias de gestión tributaria que tenemos actualmente para poner en marcha de nuevo esta herramienta de país que nos tiene que permitir desarrollar una política fiscal corporativa propia y más eficiente".
En definitiva, el Govern alcanza el compromiso de avanzar en dos aspectos claves: la lucha para combatir las desigualdades con un salario mínimo catalán de referencia y recuperar la capacidad de la administración de la Generalitat de ser más eficiente no sólo con la recaudación sino con el pago de impuestos a otras administraciones.